España quiere extender a todos los países de la Unión Europea el teléfono confidencial de ayuda a las maltratadas 016, que no deja huella ni en la marcación ni en la factura y que en sus dos años de funcionamiento ha recibido unas 100.000 consultas.

Una delegación de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo ha mantenido una reunión de trabajo con la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y con altos cargos de su departamento.

En declaraciones a la prensa, su presidenta, la sueca Eva Britt Svensson, ha celebrado el alto grado de coincidencia de dicha comisión con las prioridades planteadas por Aído en cuestiones de igualdad de cara a la Presidencia española de la Unión Europea, que arranca el próximo 1 de enero.

Entre ellas ha destacado la importancia que España concederá a la creación de empleo femenino, debido a las elevadas tasas de desempleo de la mujer en la Unión de los 27, especialmente grave en el caso español (28,5 por ciento).

Junto a este último punto, las eurodiputadas españolas Teresa Jiménez-Becerril (PP) e Iratxe García Pérez (PSOE) se han referido a los otros dos compromisos que el Gobierno español quiere impulsar durante la Presidencia: la extensión del teléfono de asistencia a las mujeres víctimas de maltrato, la orden española de protección para maltratadas -vigente desde 2003-, y la creación de un Observatorio de lucha contra la violencia machista.

Sobre el teléfono 016 las diputadas han explicado que unos pocos países europeos ya disponen de un servicio similar, pero en la mayoría tan sólo existe el teléfono general de emergencias (112).

El 016 atiende una media de casi doscientas llamadas diarias de mujeres maltratadas o, en menor medida, de personas cercanas a su entorno que quieren recabar información para poder ayudarlas.

Sobre el deseo de generalizar la orden española de protección a la maltratada, las dos eurodiputadas españolas han apuntado la dificultad de consensuarlo con los 27 Estados miembro de la Unión, ahora bien -ha dicho Iratxe García- ello no significa que no vaya hacerse, si no durante la Presidencia española, en las sucesivas (Bélgica y Hungría).

Una vez que el juez dicta una orden de protección, la víctima debe ser amparada, tutelada, informada y ayudada en el ejercicio de todos sus derechos (sociales, económicos, judiciales...) en un plazo de 72 horas desde el momento en que presenta la denuncia.

La "euroorden" de protección implicaría que una maltratada tendría el mismo nivel de protección en cualquier país de los 27, sin necesidad de volver a investigar su situación en caso de trasladarse a otro Estado miembro.