Los representantes de las empresas de vehículos de transporte concertado (VTC) solicitarán esta semana una reunión con la Fiscalía de Sevilla para trasladarles el acoso y la persecución que están sufriendo cada noche en las calles de la ciudad. Recurren a la Fiscalía después de que el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores en el Consistorio hispalense, Juan Carlos Cabrera, se haya negado a mantener un encuentro con ellos alegando que puede ser grabado.

Se refiere así el concejal a la grabación de una reunión entre los representantes del sector del taxi y las VTC mantenida en el Ayuntamiento a principios de febrero, en la que el presidente de los taxistas del aeropuerto, Enrique Filgueras, amenazaba con boicotear la Semana Santa. En esa misma reunión, cuyo contenido publicó este periódico, el edil admitía que había cometido una dejación de funciones.

Con esta excusa, la de que el contenido puede trascender, el Ayuntamiento se niega así a atender a un gremio que opera legalmente en la ciudad, como sus representantes se encargan de repetir a diario. El Consistorio sigue manteniendo una línea de no confrontación con un grupo de taxistas, a quienes les tolera las pedradas, lanzamientos de huevos y ácido y las agresiones a los conductores.

Prueba de ello está en el número de inspecciones realizadas por la Policía Local en las últimas semanas. Este cuerpo de seguridad ha inspeccionado 453 vehículos, de los que 136 son VTC y 187 son taxis. Teniendo en cuenta que en la provincia de Sevilla hay 143 vehículos con licencia VTC y 2.428 taxis (los de la capital más los de otros municipios, que también son inspeccionados con frecuencia en el aeropuerto y Santa Justa), la desproporción en estos controles es más que evidente.

El Consistorio tampoco ha hecho ni el intento de retirar, o al menos suspender cautelarmente, las licencias municipales a los 27 taxistas del aeropuerto imputados por la Policía Nacional. Dos de ellos incluso fueron detenidos, en una investigación llevada a cabo por la Brigada de Información de este cuerpo. A todos ellos se les acusa de cuatro delitos: amenazas, coacciones daños y pertenencia a grupo criminal.

El aeropuerto de San Pablo lleva semanas en absoluta tranquilidad y no se ha registrado ni un solo incidente en este periodo. Incluso a veces se ha quedado sin taxis, pese a que el Ayuntamiento argumenta que no quiere establecer el turno rotatorio -como recomienda una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- precisamente porque el servicio quedaría sin cubrir. Un grupo de taxistas sigue imponiendo su monopolio en la terminal.