El ruido, los malos olores y las deudas centran los conflictos entre los vecinos

  • El Ayuntamiento considera un éxito el programa de mediación puesto en marcha hace un año

  • Cerro-Amate y Macarena son los distritos con mayor número de expedientes abiertos

Conjunto de edificios de viviendas Conjunto de edificios de viviendas

Conjunto de edificios de viviendas / José Ángel García

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El servicio municipal de mediación vecinal cumple un año de vida. En este tiempo se han realizado cerca de 300 sesiones de mediación en los once distritos de la ciudad y se ha evitado que más de 60 conflictos acaben en la vía judicial. Tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Asociación para la Prevención y Resolución de Conflictos (Apreyco), la adjudicataria del servicio, creen que los datos obtenidos son "bastantes positivos, ya que se trata de un recurso nuevo y muy poco conocido, pues a la hora de resolver los conflictos la vía judicial se encuentra muy arraigada en la población" y prevén que con el tiempo éste se convierta en un "servicio de referencia para la ciudadanía".

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó en mayo de 2016 la puesta en marcha de un programa de mediación vecinal, que finalmente arrancó el 1 de septiembre de ese mismo año, con un presupuesto de 72.600 euros. Con este recurso, gratuito y voluntario, se ofrece una posibilidad de resolver los conflictos entre particulares, vecinos o establecimientos, de forma ágil y rápida, sin necesidad de la vía judicial, a la vez que permite no deteriorar las relaciones entre las partes enfrentadas, preservando un buen clima vecinal.

El Ayuntamiento licita un nuevo contrato anual con un presupuesto de 72.600 euros

Se trata de un equipo de profesionales neutrales e imparciales presentes en los once distritos de la ciudad. Los profesionales analizan las versiones de las partes enfrentadas y buscan un acuerdo que evite que el conflicto se complique más y termine en los tribunales.

Durante el primer año de vida de este recurso se han abierto más de 380 expedientes informativos de particulares que solicitaban información sobre este servicio y se ha recurrido a la mediación en 134 casos, logrando alcanzar un acuerdo o mejorar la convivencia en el 48% de los casos, según datos de Apreyco y el Ayuntamiento de Sevilla. En total se han desarrollado en los últimos 12 meses 285 sesiones de mediación.

Los vecinos del distrito de Cerro-Amate son los que más se han interesado por este proceso y donde más expedientes de mediación se han abiertos (70 solicitudes informativas y 20 casos analizados). Le siguen Macarena y San Pablo-Santa Justa. Por el contrario, Los Remedios y el distrito Norte son las zonas en las que menos actuaciones se han llevado a cabo.

En casi la mitad de los casos analizados se ha logrado un acuerdo o ha mejorado la convivencia

Las denuncias están relacionada en la mayoría de los casos con los problemas de ruido, malos olores, reclamaciones económicas o impagos, obras, mala convivencia o problemas de humedades.

"Estamos muy contentos por el recibimiento de la ciudadanía y del papel de los agentes de la Policía Local, que, una vez que se les informó de la existencia del servicio de mediación vecinal, han sido unos constantes derivadores e informadores del propio recurso municipal", afirma Raúl Sánchez, director del equipo técnico mediador. "En muchos casos la Policía Local no puede hacer nada. Hace acto de presencia en el domicilio pero sólo puede ofrecerle a los afectados que presenten una denuncia. No se resuelve nada, el conflicto sigue ahí y los vecinos tienen que seguir conviviendo juntos".

FUENTE: Apreyco y Ayuntamiento de Sevilla. GRÁFICO: Dpto. de Infografía. FUENTE: Apreyco y Ayuntamiento de Sevilla. GRÁFICO: Dpto. de Infografía.

FUENTE: Apreyco y Ayuntamiento de Sevilla. GRÁFICO: Dpto. de Infografía.

Sánchez reconoce que muchos conflictos que se originan en el ámbito vecinal y comunitario terminan en la vía judicial y, tras mucho y tenso tiempo de espera, no suele ofrecer una solución que satisfaga a ambas partes, haciendo que la convivencia, a lo largo y al final del proceso judicial, llegue a ser incómoda. "La mayoría de estos conflictos no suelen solucionarse, sólo se castiga al infractor con una sanción administrativa de 60 o 120 euros, no mucho más", indica Raúl Sánchez. Esto genera un aumento de la violencia entre las partes, enconándose el problema entre ellas y haciendo muy difícil poder restaurar un clima cordial entre ambas partes. Algunos de estos conflictos se heredan incluso de padres a hijos.

Las cuestiones analizadas por Apreyco durante este tiempo han sido muy diversas, siendo los problemas de ruido y las reclamaciones económicas las más numerosas. "Nos ha sorprendido ver numerosos casos de comunidades de vecinos, muchas de ellas de personas mayores, que habían contratado el servicio de un administrador de fincas y luego las cuentas no les cuadraban o no cumplía con todos los servicios".

Apreyco destaca las disputas vecinales por la instalación o no de un ascensor en un edificio

Uno de los casos más mediáticos en el que se solicitó la intervención de Apreyco fue el del conflicto vecinal de la calle José Díaz, en el distrito Macarena, donde "cerca de 9.000 vecinos" se quejaban de los ruidos generados por varias discotecas y locales de la zona y las personas que se concentraban en las inmediaciones de los mismos haciendo botellón. "Cuando son muchas las partes implicadas es complicado llegar a un acuerdo porque no todos aceptan la mediación y prefieren denunciar", indica Raúl Sánchez. "En este caso, conseguimos que uno de los locales realizara pequeños gestos que han hecho más fácil la convivencia entre las partes que aceptaron nuestro servicio, como, por ejemplo, arreglos en la campana de la cocina de uno de los locales para evitar que el humo fuera hacia un patio de vecinos", indica Raúl Sánchez.

El director del equipo técnico mediador recuerda otro caso especial que afectaba a una banda de música del distrito Sur. Ésta ensayaba en un polígono industrial de la zona, ocupando, tanto los músicos como sus familiares, gran parte de la calzada, impidiendo el paso de vehículos. Esto ocurría sobre las nueve de la noche, la misma hora en la que varias furgonetas de reparto descargaban su mercancía en las diferentes naves del polígono. "Hablamos con el director de la banda y se llegó a un acuerdo para normalizar el uso de la zona. Así, se le pidió que no ocuparan toda la calle y que mantuvieran la zona limpia, ya que los trabajadores del polígono se quejaban de la presencia de basura en el suelo tras el paso de la banda. "Nosotros no somos jueces. No vamos a decir quién es el bueno y quién es el malo. Los mediadores no toman parte. Sólo se expone el problema y se intenta llegar a un acuerdo", apunta Raúl Sánchez.

Los ciudadanos pueden solicitar la mediación para cuestiones particulares, pero no cuando el conflicto atañe a la Administración -ya que para este último caso existen otros organismos, como el Defensor del Pueblo y el del Ciudadano-, que no estén ya en vía penal, que no sean laborales y que no afecten a materias de consumo, que son asumidas por la Oficina del Consumidor.

No se puede solicitar la mediación cuando el problema atañe a la Administración

El contrato municipal con Apreyco también incluye una planificación específica de talleres de mediación en todos los distritos de la ciudad. El objetivo es formar y capacitar a mediadores vecinales, además de difundir la propia labor del servicio.

En esta línea, Apreyco, con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Sevilla, ha formado a una serie de profesionales de este sector en la mediación para que puedan ayudar en un asunto que "genera mucho conflicto": la decisión de instalar o no un ascensor en un bloque de viviendas. "El problema puede tener una base económica o simplemente de convivencia. En otras ocasiones, los vecinos tienen muchas dudas sobre si la instalación del ascensor puede afectar a su vivienda. Es aquí cuando entran en juego los arquitectos, que informan y resuelven las dudas arquitectónicas", informa Raúl Sánchez.

El contrato con Apreyco finalizó en agosto, aunque la entidad continúa registrando las demandas aunque no interviene. El Ayuntamiento ya ha sacado a licitación un nuevo contrato por un periodo de un año por el mismo valor que el anterior, 72.600 euros.

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