proyecto legislativo

La ley de Agricultura, lista para entrar al debate parlamentario

  • El Consejo de Gobierno tiene previsto remitirla hoy mismo a la Cámara regional

  • Asaja Andalucía, satisfecha porque el CES ha estimado gran parte de las enmiendas propuestas por esta organización

Campo de girasoles, un cultivo en recesión en Andalucía por la caída de su rentabilidad. Campo de girasoles, un cultivo en recesión en Andalucía por la caída de su rentabilidad.

Campo de girasoles, un cultivo en recesión en Andalucía por la caída de su rentabilidad. / M. G.

El anteproyecto de Ley de Agricultura será visto hoy por el Consejo de Gobierno, que tiene previsto aprobar su remisión al Parlamento andaluz, según anunció hace unos días la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante la sesión de control en la Cámara regional.

Frente al discurso de la presidenta andaluza en defensa del nuevo texto normativo para regular al sector agrario regional, surge la voz discrepante de Asaja Andalucía, que no considera necesaria la elaboración de esta ley, aunque se muestra satisfecha porque el Consejo Económico y Social, que ya ha estudiado el anteproyecto elaborado por la Administración regional, ha aceptado buena parte de las alegaciones presentadas por la organización agraria.

El director general de Asaja Andalucía, Vicente Pérez, considera muy adecuado que la Junta de Andalucía valore la agricultura, la ganadería y al sector agroalimentario andaluces, "pero entendemos -dice- que no hay una demanda social tal que haga necesario elaborar esta ley ahora, especialmente porque la agricultura, la ganadería y la agroindustria ya se rigen por las legislaciones, europea, nacional y autonómica".

También la nueva ley despierta en Asaja Andalucía el temor a que suponga un aumento de la burocracia "en un sector que necesita justo lo contrario -simplificación- y, en vez de ello, la nueva ley prevé la creación de hasta seis nuevos consejos asesores", explica Vicente Pérez.

Los apartados previstos sobre las zonas de protección agraria y contratos territoriales son rechazados de plano por Asaja-Andalucía. "En este aspecto -señala- el proyecto de ley nos recuerda a la Ley de Reforma Agraria".

Tampoco está de acuerdo Asaja Andalucía con la propuesta de interlocución que se hace en la nueva norma "porque se forma un embrollo innecesario cuando los interlocutores están claros, las organizaciones agrarias por un lado y para la agroindustria la patronal y los sindicatos", señala Vicente Pérez, quien no comparte el apartado de sanciones pues entiende que ya están las establecidas en la Política Agrícola Comunitaria (PAC).

Aun así, Asaja-Andalucía está muy satisfecha porque el Consejo Económico y Social ha hecho suyas de forma unánime gran parte de las alegaciones presentadas por la organización agraria. Además, Vicente Pérez mantiene que Asaja Andalucía va a seguir reuniéndose con los representantes de la Consejería de Agricultura, con todos los partidos políticos "y con quien sea necesario para que salga adelante la mejor ley para el sector".

Esta Ley de Agricultura, que en los próximos meses será objeto de debate parlamentario, es valorada por COAG Andalucía, según explica su secretario general, Miguel López, quien, al revés que Asaja-Andalucía, considera "muy positivo que exista una ley agraria porque este sector es estratégico para Andalucía, por su capacidad para generar economía y empleo en el medio rural, produciendo alimentos de calidad, vertebrando el territorio y combatiendo el despoblamiento, mediante la actividad de producción primaria y también de la industria asociada y complementaria, además de contribuir a la conservación del medioambiente". Explica López Sierra que por eso el Estatuto de Autonomía de Andalucía se reserva competencias exclusivas respecto al sector agrario "y por eso se debe regular con el máximo rango normativo".

En su opinión, para cumplir el objetivo por el que nace, la ley "debe establecer las bases de ordenación y fomento del sector agrario y agroindustrial con perspectiva de futuro y fijar los principios fundamentales que guíen la actuación de la Administración".

COAG Andalucía, tras el estudio de la última versión del proyecto de Ley, cree que el texto identifica los principales retos a los que se enfrenta el sector y en algunos casos propone una ordenación acertada, "pero en otros aspectos importantes consideramos que debería haber una regulación más precisa, que verdaderamente oriente el desarrollo de las políticas públicas destinadas al sector, ya que en muchos casos supone una declaración de intenciones sin carácter normativo de aplicación".

"Por ejemplo -agrega-, la ley apunta que se debe fomentar el relevo generacional, pero no entra a concretar cómo hacerlo, por lo que faltan medidas específicas para alcanzar los objetivos que se marcan".

También es incompleta en materia de cadena alimentaria, en la que COAG Andalucía considera "que debería haber un mayor compromiso para controlar que su funcionamiento sea adecuado y transparente, mediante la articulación de herramientas y mecanismos concretos".

Por ello, COAG Andalucía confía en que en los trámites que quedan hasta la aprobación definitiva de la norma se pueda mejorar incorporando detalles que la hagan más útil para dar las respuestas que necesita el sector.

Por su lado, el director de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi Álamo, también cree positivo que se promulgue una ley "para ordenar la actividad agraria de Andalucía en su sentido más amplio, incluyendo todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción, pasando por la industrialización y la transformación, hasta la distribución, sin olvidar los organismos y foros de interlocución con la Administración, algunos de los cuales venían celebrándose de manera oficiosa".

"Particularmente, nos sentimos especialmente satisfechos -explica- con el respaldo que supone para la federación que esta Ley de Agricultura consolide a Cooperativas Agroalimentarias como interlocutor, junto a las organizaciones agrarias, pues conviene recordar que las cooperativas están formadas por agricultores y ganaderos y, en nuestro caso, representamos a más de 276.000 socios y socias de toda Andalucía. Ningún otro interlocutor alcanza ese nivel de representatividad del sector productor en la región".

Explica que para la federación es especialmente destacable también que la Ley de Agricultura establezca un régimen sancionador para contribuir a evitar prácticas abusivas y penalizar aquellas que puedan producirse como, por ejemplo, la llamada venta a pérdidas y los productos reclamo.

Cooperativas Agroalimentarias sí echa en falta "que se pierda la oportunidad de reducir la carga burocrática, pues entendemos que esta Ley de Agricultura debería de alguna manera incluir e integrar otras dos leyes tan importantes en Andalucía como son la Ley del Olivar y la Ley de la Dehesa".

"Igualmente -añade-, creemos que las cuestiones medioambientales, estrechamente ligadas con la actividad agroalimentaria, también deberían haberse regulado, a fin unificar las disposiciones de Agricultura y Medio Ambiente y reducir, con ello, trámites que complican la actividad profesional".

Por último, las cooperativas lamentan "que no se hayan tenido en cuenta nuestras alegaciones en la modificación del Decreto 5/2007 que regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía". Explica que, si bien la ley nacional permite que las cooperativas estén representadas en la rama de la producción y de la industria, la norma regional "nos obliga a posicionarnos en una u otra, siendo ambas ramas intrínsecas a la actividad cooperativa. Como digo, esta modificación, contraviene lo establecido en la norma nacional", mantiene Martínez-Conradi.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento regional, la presidenta de la Junta de Andalucía aprovechó para resaltar que "tenemos un sector agrario muy potente, que ha crecido muchísimo y ha permitido, entre otras cosas, que tengamos datos objetivos de crecimiento económico, de generación de empleo y de exportaciones que nos permiten ver una ventana de oportunidad diferente al conjunto de la media de España".

Sin embargo, señaló que hay dos retos fundamentales: que haya precios justos y que los costes energéticos y de agua "sean los adecuados".

Con el primero, dijo Susana Díaz, la norma andaluza "va a ser valiente" porque "tenemos que intervenir de manera directa en esa cadena que hace que los precios que se están pagando en origen sean desproporcionados con lo que el cliente en la terminal de consumo acaba abonando".

Según Díaz, "si los precios son justos y los costes que tienen que afrontar los ganaderos y agricultores adecuados", el sector será competitivo, tendrá "salarios dignos" y se conseguirá que el relevo generacional deseado y que "los jóvenes se quieran incorporar" a esta actividad, que cuenta con 7.000 empresas agroalimentarias en la comunidad.

Explicó que los indicadores del sector agroalimentario recogen un aumento del 9,2% de la renta agraria en 2016 respecto al año anterior y del 7,1% de la producción.

Agregó que este crecimiento ha ido parejo al empleo generado y que alrededor de 270.000 familias en Andalucía y "cientos de municipios" tienen a la actividad agraria "como principal recurso". Por ello "reivindico que sean precios justos, que se intervenga, y espero que el Gobierno de España también lo haga, en la cadena alimentaria, y que los costes sean adecuados", señaló.

Con respecto al conjunto nacional, la producción agraria andaluza supone la cuarta parte, un tercio de la renta agraria y uno de cada tres empleos del sector, "y quiero que sean de calidad", puntualizó la presidenta.

Para Díaz la rentabilidad social del campo andaluz "es enorme", ya que, entre otros elementos, ha permitido "fijar a la población al territorio". Y ello, aclaró, "teniendo que afrontar un reparto de la PAC (Política Agraria Común) que fue malo para Andalucía, porque nos quitaron 1.000 millones de euros, y un reparto de los fondos de desarrollo rural que nos castigó, pese a crecer la partida en el conjunto de España" y nos convirtió en "la única comunidad que perdió recursos".

La presidenta andaluza señaló que la Junta destina 155 millones de euros en ayudas al relevo generacional en el campo, situándose a la cabeza de las comunidades en la concesión de este tipo de incentivos. "La primera convocatoria está pagada y la segunda está resuelta", dijo.

Expuso que Andalucía es líder en la exportación de alimentos y bebidas a nivel nacional, en producciones de alto valor añadido y sostenibles, en innovación y transferencia de conocimiento así como en uso eficiente del agua. "Mucha de la innovación que se ha producido en el sector agrario andaluz" tiene que ver con el relevo generacional, recordó Díaz.

Sin embargo, explicó que "para que la gente se quiera instalar en el campo andaluz" éste tiene que "ser atractivo" y contar con escuelas, centros de salud, infraestructuras y vías de alta capacidad cercanas. Esa tarea, agregó, "Andalucía la tiene hecha, y la mitad de los 49 hospitales de la comunidad están en municipios de menos de 50.000 habitantes", contamos con 1.250 centros de salud en estos núcleos medios y el 95% de la población vive a menos de 25 kilómetros de una autovía.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios