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La UE decidirá quién paga por los "pastos andaluces"

El Gobierno de España ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para tratar de reducir o anular la multa impuesta por la Comisión Europea a Andalucía por la corrección financiera derivada de los problemas en la admisibilidad de las superficies de pastos en las ayudas agrícolas europeas entre 2009 y 2013, según informó el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas en el Congreso de los Diputados. Esta demanda se basa en la desproporción de la sanción.

Por ello ha señalado que la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la decisión del Gobierno de que el Gobierno regional sea el responsable de abonar la sanción por pastos, es una medida cautelar y no supone que se dé la razón a la Junta de Andalucía. Uno de los motivos por las que el Tribunal Supremo ha aceptado la petición de medidas cautelares, señaló Carlos Cabanas, es que está pendiente la resolución de la demanda ante el Tribunal de Justicia europeo.

La decisión del Gobierno de que la multa debía ser abonada al 100% por las autoridades competentes en el control de las superficies de pastos, fue adoptada mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de febrero de 2017, y recurrida por Andalucía por vía contencioso administrativa.

De este modo, las medidas cautelares aprobadas por el Tribunal Supremo, cuyo efecto práctico es que ha quedado suspendido el pago, por parte de la Comunidad Autónoma a la Administración General del Estado de los importes establecidos al efecto en el acuerdo de Consejo de Ministros, estará en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento, dijo Cabanas.

"Una vez se publique la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -añadió- veremos cómo influye la misma en el procedimiento abierto ante el Supremo". El secretario general también subrayó que si las comunidades autónomas afectadas por esta multa, incluida Andalucía, hubiesen actuado igual que las cinco comunidades que sí establecieron, desde 2008, un coeficiente de admisibilidad en las superficies de pastos permanentes, siguiendo las recomendaciones del Ministerio, no hubiera habido sanción.

Por último, apuntó que si finalmente no se consigue reducir la multa en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el Gobierno no tiene nuevos elementos para cambiar su posicionamiento y se mantiene la consideración de que las CCAA deberán asumir su responsabilidad y Andalucía tendría que pagar la multa.

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