Ha costado. Alcanzar un acuerdo sobre las directrices que marcarán la Política Agrícola Comunitaria (PAC) para los próximos años ha sido un proceso difícil que llevó al sector incluso a movilizarse, en cada país y en Bruselas. Pero, por fin, hay luz verde y la mayor parte de las organizaciones y cooperativas andaluzas aceptan el resultado, sobre todo porque respeta el ritmo de implantación que pedían, aunque temen que bajo cuestiones como la figura del agricultor genuino o la nueva arquitectura ambiental y el paso de ayudas directas a ecoesquemas se esconda una pérdida de ayudas. Aquí están cada una de las posturas.

Una vez que el Parlamento Europeo ha ratificado la reforma de la PAC aprobada por el Consejo de Ministros de Agricultura, Asaja considera positivo que finalmente la reforma sí permite dar continuidad al modelo de regiones y derechos, fijando una convergencia paulatina en cada una de las regiones con el objetivo de alcanzar el 85% en el ejercicio de 2026.

Como crítica, la organización agraria señala que la nueva PAC será más compleja y más burocrática. Considera que introduce figuras confusas como la de “agricultor genuino”, y teme que haya agricultores que pese a desarrollar una actividad agraria real, si no cumplen con este nuevo requisito dejen de percibir los pagos de la PAC.

También Asaja rechaza la denominada “condicionalidad social”, pues considera que “es ajena al acerbo y a la tradición de la PAC y totalmente innecesaria en una Unión Europea donde la legislación y la inspección laboral están ya más que desarrolladas”.

En cuanto a la nueva arquitectura ambiental, Asaja considera que “propiciará que los agricultores reciban menos compensación aunque deban asumir mayores compromisos”. Y como ejemplo de ello cita a la nueva figura de los “ecoesquemas”, “a la que obligatoriamente deberá destinarse el 25% de la partida de ayudas directas, que obliga a los estados miembros a arbitrar una serie de medidas ambientales más exigentes y con unos costes adicionales para percibir un pago que ahora venían recibiendo todos los agricultores como complemento a su pago básico”.

En opinión de Asaja “el acuerdo consagra una PAC más verde, que remunera peor al agricultor, deja un amplio margen de subsidiariedad a los estados miembros, establece una nueva gobernanza basada en el cumplimiento de objetivos de carácter básicamente ambiental y se aleja cada día más de la labor principal de la PAC: producir alimentos sanos y abundantes a precio razonable para satisfacer la demanda de los consumidores”.

COAG

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) es más radical y afirma que la nueva PAC “no es justa, ni social” y acelerará el “proceso de uberización del campo español y europeo”. “El texto aprobado -agrega- no responde a las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones”.

“Detraer una parte tan elevada de las ayudas directas a los ecoesquemas es un recorte en toda regla -ha subrayado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco-, unido al desarrollo del Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa, sin contar con los instrumentos de regulación de mercado necesarios y un presupuesto acorde con estos objetivos, supone una gran losa para los pequeños y medianos agricultores europeos”.

“Con esta PAC las instituciones traicionan sus propios objetivos: caminar hacia una Europa en claves de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Se impone una mentalidad alejada de la realidad del campo y del medio rural”, ha apostillado el máximo responsable de COAG.

Cooperativas Agro-alimentarias 

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía está satisfecha por el reconocimiento que se le da a las regiones en la elaboración y presentación de los planes estratégicos nacionales, ya que permite mantener el modelo defendido por las cooperativas, las organizaciones agrarias y la Junta de Andalucía en su Declaración Institucional por la PAC, firmada en septiembre de 2020. Pero, la organización muestra cierta preocupación por el diseño de la hoja de ruta del Ministerio de Agricultura para la PAC 2023-2027, que entrará en vigor previsiblemente el 1 de enero de 2023.

Por ello, sostiene que Cooperativas estarán alerta al Plan Estratégico Nacional elaborado por el departamento de Luis Planas “para que no vuelva a poner en peligro el futuro de un campo diversificado y competitivo como el andaluz, tal y como se reconoció en el marco 2014-2020”.

Además de cuestiones como la figura del agricultor activo (antes conocido como genuino) o de los ecoesquemas, a Cooperativas Agro-alimentarias también le preocupa la decisión de establecer o no un techo en las ayudas, el conocido como capping.

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que agrupa en España a los productores de carácter familiar y de pequeña y mediana dimensión, que suponen más del 85% del total de productores, se ha mostrado “esperanzada” con el acuerdo.

Señala que la nueva PAC marca como obligatoria una ayuda redistributiva de como mínimo el 10% de los pagos para favorecer a los pequeños agricultores y establece un apoyo mínimo del 3% del presupuesto a los jóvenes agricultores y ganaderos menores de 40 años.

Sobre los llamados eco-esquemas, UPA cree que, tal y como están planteados, deben servir para reforzar a los agricultores y ganaderos familiares frente a modelos superintensivos y de gran dimensión.

Clara Aguilera

Clara Aguilera, miembro de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, también está satisfecha con el acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027 . “Tendremos una PAC más justa, más social y más medioambiental, que impulsará la competitividad del sector a través de la innovación y la investigación”. “Con esta reforma, hemos encontrado el equilibrio entre competitividad y sostenibilidad”, ha destacado.

Carmen Crespo

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha destacado que “Andalucía dará la talla” tras el incremento de las exigencias ambientales pactado en Bruselas para la nueva Política Agraria Común (PAC). Explica que el acuerdo alcanzado implica mayor gobernanza para los estados miembros y no exige cambios bruscos sobre el modelo actual; eso sí, con un incremento de requisitos ambientales basado en la regionalización de las ayudas, como el pago básico a la renta y a los ecoesquemas y en el sistema de derechos. “Estos son elementos esenciales para el reconocimiento de la diversidad de nuestra agricultura”, ha añadido.

No obstante, la consejera ha lamentado que el acuerdo definitivo “contiene algunas sombras”, como la falta de mecanismos que permitan una adecuada gestión de los mercados, para asegurar precios justos a los agricultores y los ganaderos o la introducción de nuevos requisitos medioambientales sin aumento presupuestario.

Luis Planas

Los temores de los productores no son percibidos por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien asegura que el acuerdo sobre la Política Agraria Común (PAC), “supone poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental”.

Agrega que “tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones”.

Subraya que España dispondrá de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27.