El TSJA ha anulado el PGOU de Bormujos, aprobado definitivamente por la Junta en julio de 2015. Ha sido por un formalismo, la falta de informe ambiental estratégico previo, que se introdujo como exigencia con un cambio legal sobrevenido durante la elaboración, el mismo motivo que tumbó el último PGOU de Marbella. Pero, más allá del fallo, lo ocurrido supone dar carpetazo a una época en Bormujos: la del alcalde independiente Baldomero Gaviño, impulsor del documento, que el PP terminó de tramitar.

Con más de 7.500 viviendas, Ecologistas en Acción lo señala como un ejemplo de los años de la burbuja. Es además un PGOU sobre el que sobrevolaron muchas sospechas. Se vinculó a la moción de censura que apartó al PSOE del gobierno municipal en 2005, cuando se había aprobado inicialmente otro PGOU, menos expansivo que el borrador que Gaviño dejó hecho y se retomó después. Fue la moción del bolso de Loewe que recibió la entonces portavoz del PP, Ana Hermoso, de José Calvo Soria, testaferro de Francisco Correa e intermediario en aquella moción de censura. Tras la sentencia del TSJA el actual alcalde, Francisco Molina, que gobierna con Bormujos Puede, explica qué harán ahora.

–¿Han podido analizar ya las consecuencias que tendrá la sentencia del TSJA que anula el PGOU?

–La más directa es que debemos retrotraernos al PGOU de 1993, que fue adaptado a la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) en 2010, que es el que está en vigor. Está pendiente aún si la Junta recurre en casación el fallo, pero creo que la sentencia es clara y que no se va a optar a ello.

–¿No hay actuaciones en marcha vinculadas a ese PGOU?

–En la práctica, ninguna. Lo que afectaba al PGOU se ha condicionado siempre a la publicación del mismo, que no se ha hecho. Para ello, faltaba un certificado municipal que no quise firmar hasta conocer la sentencia del TSJA. Ese criterio de prudencia ha evitado otros efectos perniciosos. De otra forma, las obras mayores o menores que hubiera en marcha hoy serían nulas, con el perjuicio a promotores y vecinos. El PP tenía interés en activar el plan y llevó incluso una moción a Pleno, pero la Justicia y el tiempo nos han dado la razón.

–¿Hay convenios, se deben devolver ingresos por ese PGOU?

–No. Todo se condicionó a la publicación para que surtiera efecto.

–El fallo llega cuando se está reactivando la construcción, ¿supondrá un parón en Bormujos?

–Hay dos sectores del PGOU de 2010 por desarrollar, el 7.1, que está en marcha, y el Florida Sur, que arranca el año que viene. Suman casi 2.000 viviendas, más todas las que están vacías (hubo un estudio que reveló que eran más de 700 viviendas) y los apartamentos turísticos. Con todo eso, hay un parque de viviendas del entorno de las 4.500 viviendas. Es suficiente para atender a la demanda por crecimiento de la población hasta el año 2021 o el 2022 y tiempo suficiente para impulsar la aprobación inicial de otro PGOU, en el que no queremos tardar doce años ni que acabe anulado, aprendiendo de lo ocurrido. Será en el próximo mandato, confío en repetir como alcalde.

"La situación es una oportunidad para que promotores y dueños de suelo reformulen sus proyectos”

–Tras ser elegido en 2015, preguntado por el PGOU con el que se encontró, ya lo rechazaba: “Nos negamos a que vuelva la especulación y la irracionalidad”, me dijo. ¿Cómo se plantean ahora el nuevo trabajo?

–Es lo que hemos defendido siempre en el PSOE. Compartíamos la posición de ADTA (Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe) y de Ecologistas en Acción, que planteó el recurso, de que no se estaba atendiendo a los criterios de racionalidad y sostenibilidad que se marcaban el POTA y el Potaus.

–Pero la Junta lo validó.

–Requirió muchas veces al Ayuntamiento para que se subasanaran cosas, el informe de impacto ambiental se tuvo que cambiar dos veces y aprobar en Pleno. Se aprobó cogiéndolo por los pelos. La sentencia no entra en el fondo, porque desde que no se hace la evaluación del impacto ambiental estratégica (un requisito sobrevenido por un cambio legal en mitad de la tramitación del documento) se invalida todo. Pero en los fundamentos de derecho sí hacen referencias al contenido del PGOU y destacan que ya existían bolsas de viviendas del anterior PGOUsin desarrollar, que no se tenían en cuenta las áreas de oportunidad. Con todo ello, hablamos de crecimientos de hasta el 75% en vivienda y un 57% de la población, cuando lo que el Potaus establece es un 10 o un 15%. No era un PGOU con los pies en el suelo, basado en las necesidades y demanda de vivienda en el municipio. Está claro que lo único que se pretendía era la mera especulación urbanística, no respondía a la realidad”.

–Y bajo sospecha, aunque todo se archivó en los juzgados.

–Para mí no hay sospecha. En 2005, cuando se hizo la moción de censura, se iba a iniciar la aprobación del PGOU, que estaba expuesto en el salón de Plenos, al verlo, ya hubo quien dijo que el gobierno socialista no acabaría el año. Lo que se proponía era poner en valor todas las potencialidades de Bormujos, haciendo sostenible el urbanismo, tanto en la parte residencial como en sus áreas de oportunidad y en la proyección hacia el futuro.

"Ha quedado claro que Bormujos no necesita muchas más viviendas y sí más infraestructuras”

–¿El nuevo PGOU, estará lejos de esas 7.500 viviendas que se planteaban en el anulado?

–Sí. Tenemos que hacer un PGOU sostenible desde la perspectiva urbanística, ambiental, económica y social, que dé respuesta a los retos actuales Bormujos. Más que aumentar la población, se deben aumentar los servicios que cada vez son más demandados por los ciudadanos. En este este mandato se ha conseguido ampliar el centro de salud, el IES Los Álamos, tenemos el Andalucía Orienta, el Carril Bici, se ha trabajado en los caminos escolares seguros y aumentado el número de policías y otros proyectos que van a permitir poner más servicios a la ciudadanía. También se va a poner en marcha el plan Edusi de la UE (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado). No vamos a caer en los mismos errores. Vamos a seguir promoviendo que haya construcciones residenciales, pero de una manera sostenible y coherente.

–¿Qué sectores dejarán fuera?

–No se puede decir que todo el trabajo que se ha hecho no vale, hay partes aprovechables. Hay desarrollos que pueden ser asumidos perfectamente, con ese criterio de racionalidad y sostenibilidad, con una proyección de ocho a diez años. Tenemos que aprender también de lo que dice la sentencia en sus fundamentos, aunque no haya servido para resolver, sí sirve para marcarnos el camino. Algo fundamental es también la participación ciudadana, que está tasada, pero que nosotros vamos a proponer como una prioridad en todo el proceso.

–En materia de infraestructuras y equipamientos, qué hay que plantear que no estuviera en ese PGOU con el peso suficiente.

–La palabra clave es el equilibrio entre desarrollos residenciales, terciarios e industriales, áreas de oportunidad y dotación de servicios. Un factor fundamental es la movilidad alternativa y hacer un diseño de las áreas de oportunidad ajustado a los retos socioeconómicos de Bormujos.

"Compartíamos la posición de ADTA y de Ecologistas en Acción, que plantearon el recurso judicial"

–¿Cuántas áreas de oportunidad tiene Bormujos? Son zonas de desarrollo urbanístico, recogidas en el Potaus por su interés metropolitano, que no computan en los topes de crecimiento.

–En el Potaus se le reconocieron dos, una de VPO, y otra, en dirección a Mairena, de actividades escénicas, como un equipamiento cultural, un área pequeña. Tenemos que ser ambiciosos a la hora de desarrollarlas, está quedando claro que Bormujos no necesita muchas más viviendas y sí más infraestructuras para sectores terciarios e industriales, sobre todo servicios.

–¿Se van a replantear?

–Sí. Es más, creo que los propios promotores, el dueño de los terrenos, también lo quieren. Por ejemplo, en el plan parcial El Palancar, que se aprobó inicialmente esperando este PGOU, me consta que quieren hacer ahora otro tipo de desarrollo, con las energías renovables. La realidad se impone y la situación es también una oportunidad para que los promotores y los dueños de terrenos reformulen a qué van a dirigir sus proyectos, teniendo en cuenta que el tema residencial está más que colmatado.