El martes 2 de abril, la Guardia Civil informaba de una operación contra el tráfico de droga desarrollada en Sanlúcar la Mayor días antes. Con la denominación de Ciprium, 40 agentes se habían desplegado el viernes en la urbanización de Las Marquesas.
Detuvieron a dos personas: un hombre y una mujer. Okupaban un par de viviendas, unidas por el patio. En una se encontró droga –heroína, metadona, hachís– y sustancias para elaborarla, así como armas, como dos defensas eléctricas, un rompecabezas o maza con cadena, una pistola detonadora, un cañón de escopeta y una culata de madera, entre otras.
Pero apenas 24 horas después, antes de que el comunicado llegara a la prensa, la pareja arrestada ya había sido puesta en libertad provisional y volvía a las casas okupadas, ante la desesperación y el malestar creciente de los vecinos que, según explican, llevan años alertando y sufriendo el problema de las okupaciones.
Casi una decena de viviendas okupadas
Las Marquesas es una de esas urbanizaciones, a las afueras del casco urbano, que no se terminaron de vender por la crisis y las dificultades de la promotora, que entró en concurso de acreedores. Hay muchas en el Aljarafe.
Los residentes denuncian que las personas que han okupado casi una decena de inmuebles no lo han hecho por problemas económicos. Muchos usan las casas como narcoviviendas.
Lo confirma también el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Raúl Castilla (PSOE), quien, tras conocer la puesta en libertad de estos dos detenidos escribió en redes sociales: “Vecinos desesperados, una investigación de meses, un operativo de 40 guardias civiles que con apoyo de Policía Local termina desarticulando diversos puntos de venta de droga y deteniendo a sus responsables. Ni 24 horas en prisión. Ya están libres y quieren volver a ocupar, no para tener un techo, sino para seguir envenenando a gente. Hoy, más que ayer, todo mi apoyo a los cuerpos de seguridad y una reflexión: o la Justicia se siente justa o no es justicia. No nos quedaremos de brazos cruzados”.
Castilla tiene previsto reunirse este el martes con la jueza en la que ha recaído el caso, junto a una delegación de vecinos, para comentarle de primera mano la “alarma social” que hay en el barrio. El asunto también se va a tratar en una próxima junta local de seguridad.
Según un representante de la asociación de vecinos El Acebuche, los problemas empezaron hace casi seis años, cuando se mudaban las primeras familias a la zona. Muchas de las viviendas que no se vendieron –una treintena– fueron siendo saqueadas: se llevaron todo el cobre, las persianas, los aluminios, sanitarios...
Tras varios intentos de okupación que se consiguieron parar, se consumó el primero: una chica que, según denuncian, llegó a hacer una reforma en la fachada de una casa. Ahora está en prisión.
Fue el detonante de un “efecto llamada”, explican. Luego, okupó un “señor portugués” que dijo a los vecinos y a la Guardia Civil que le sorprendieron que sólo pasaría una noche, pero se convirtió en una especie de “agente inmobiliario”, que ha entrado en otras casas vacías, ha enganchado la luz de forma ilegal y ha facilitado la llegada de nuevos okupas.
En la actualidad hay unas ocho o nueve casas en esa situación, que generan un importante problema de convivencia con el resto. Como en Umbrete, algunos también tienen perros peligrosos.
Según el mismo portavoz de los vecinos, hay amenazas, han llegado a apedrear casas con familias dentro, lo que se une al trasiego de toxicómanos, las peleas y los ruidos. Los vecinos se manifestaron el 23 de marzo ante el Ayuntamiento y han mandado escritos al Defensor del Pueblo, la Subdelegación de Gobierno y pidieron una reunión en los juzgados que han reiterado.
El alcalde, Raúl Castilla asegura que el margen de acción del Ayuntamiento ha sido escaso porque la empresa que entró en concurso no puso en su momento denuncia por las okupaciones para iniciar el proceso judicial de desalojo.
Los vecinos consideran que se podían haber tomado medidas antes. Hasta el año pasado, el Consistorio no tapió la mayoría de las casas deshabitadas y se incrementó la presencia policial. Pero el problema sigue.
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