La Asociación de Desarrollo Aljarafe-Doñana (ADAD), en la que se integran 16 municipios sevillanos, pretende convertirse en una de las puntas de lanza en Andalucía del nuevo concepto de autoconsumo energético que ha empezado a penetrar en España, con la nueva normativa europea, transportada al país con el Real Decreto-Ley 23/2020 de Medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Se trata de las comunidades energéticas, un paso más allá del uso particular de placas solares en edificios para autoabastecerse total o parcialmente de electricidad.

En este caso, se trata de buscar inmuebles que puedan albergar instalaciones mayores (la normativa fija un máximo de 100 kw, que necesitan unos mil metros cuadrados de cubierta) y de las que se surtan no sólo el propietario, sino vecinos y empresas que se ubiquen en un radio de 500 metros o que utilicen el mismo transformador al que se vierta la energía sobrante y quieran participar. Para ello, deben constituirse en sociedad limitada, asociación o cooperativa con un coeficiente de participación que dependerá de la energía que necesiten. El ahorro en la factura energética con el sistema –bien por la energía que se consume directamente o la que se vierte a la red y se compensa en la factura– se acerca al 40%.

El grupo de desarrollo ya ha llevado a cabo unas jornadas informativas sobre los beneficios ambientales y económicos de estas comunidades energéticas, que funcionan sobre todo en el Norte de Europa. Hay más de 1.500 en Alemania, 700 en Dinamarca. En España, han arrancado en algunos pueblos valencianos, donde existe una treintena. En las sesiones han participado tanto técnicos municipales, como particulares y empresas de la zona y ya hay cinco ayuntamientos –Aznalcázar, Umbrete, Olivares, Salteras y Castilleja del Campo– que han encargado estudios previos específicos para ver cómo pueden impulsarlas en sus municipios. Esos trabajos preliminares podrían estar a finales octubre. 

Un cartel con los datos de una de las comunidades energéticas locales que funcionan en España, en Crevillent.

Según Florencio Valero, gerente del grupo de desarrollo Aljarafe-Doñana, esos estudios para los ayuntamientos consisten en elaborar “un mapa de potencialidad energética”, localizando edificios que pueden de acoger instalaciones, algo relativamente sencillo con el catastro y fotografías vía satélite.

La alcaldesa de Aznalcázar, Manuela Cabello, presidenta de la asociación de desarrollo, destaca que la intención y dado que es algo novedoso es que sean los ayuntamientos los que impulsen las primeras comunidades, aprovechando también las cubiertas de instalaciones municipales, en una apuesta por la “democratización de la energía”, en este contexto de escalada de precios, de transición ecológica y con fondos para incentivar estas instalaciones. Además, la colocación y mantenimiento pueden generar “empleo verde” muy interesante para los municipios.

La inversión necesaria: unos mil euros por kilovatio de potencia

Según el gerente, la inversión puede calcularse aplicando una media de 1.000 euros por kilovatio, con variaciones del 10%. El ahorro de entre el 35 y el 40%, hace que se puedan amortizar en cinco años. Pero hay subvenciones de fondos europeos y de la Agencia Andaluza de la Energía del 80%, con las que la amortización se pueden conseguir incluso en dos años, y del 100% si se ejecutan en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Los técnicos de la asociación están visitando y estudiando estos días las comunidades energéticas que ya funcionan en localidades valencianas como Canet d’En Berenguer, Crevillent y Alborat dels Sorell, conociendo las dificultades que han tenido y cómo las han ido solventando.

En el caso de que, como se pretende desde el grupo de desarrollo Aljarafe-Doñana, se usen edidificios municipales, el Ayuntamiento de turno tendría que firmar un convenio con la asociación, cooperativa o sociedad limitada que se constituyera.

La entidad también ha tenido reuniones con técnicos de Servicios Sociales de los respectivos ayuntamientos para elaborar una especie de mapa de pobreza energética –intentar delimitar perfiles o zonas en las que se piden más ayudas para pagar la luz porque no se puede hacer frente a la factura– y paliar esas situaciones con este sistema.