Trece años después de que el Ayuntamiento de Isla Mayor inciara un expediente para reclamar casi 1,4 millones de euros a antiguos miembros del consejo de administración de la Empresa Municipal de Suelo (Emsimsa), por la gestión que derivó en una deuda millonaria para Consistorio, el asunto queda archivado.

El Tribunal de Cuentas, donde se celebró juicio en 2017, considera que los hechos han prescrito, como defendían los encausados, entre ellos el que fuera alcalde socialista José Antonio Aviñó, y dos de los vicepresidentes de la sociedad, el ex edil socialista Enrique Aguado y el popular Manuel Paredes.

En una última sentencia de mayo, el Tribunal de Cuentas ha desestimado el recurso de la Fiscalía, que defendía que el acuerdo de junio de 2005 por el que el Ayuntamiento inició el procedimiento de reclamación interrumpe la prescripción. El Tribunal de Cuentas no lo ve así: los hechos enjuiciados se iniciaron en septiembre de 2000 y las personas a las que se señalaba no recibieron notificación de procedimiento judicial alguno hasta 2006, más de cinco años después de lo previsto para la prescripción, según la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas a la que alude el fallo, que no impone costas. El Ayuntamiento, personado en el procedimiento de reintegro por alcance, reclamaba 1,9 millones por el perjuicio en los fondos públicos y 733.957 de intereses.

Los hechos que reciben carpetazo se produjeron a partir del año 2000, cuando Emsimsa –que se creó poco después de que Isla Mayor se segregara de La Puebla del Río– adelantó a una empresa privada más de 311.000 euros a cuenta de obras que tenía que realizar. Poco después, se aprobó un aumento de capital de Emsimsa por 1,6 millones, para cubrir pagarés entregados a la misma entidad, Adarve Siglo XXI, a los que no se podía hacer frente. El Ayuntamiento pidió un crédito por 1,6 millones que provocó una compleja situación económica, hasta el punto de que se pagaron con retraso las nóminas. Los encausados han negado las irregularidades, pero el fallo no entra en el fondo del asunto y se atiene a que todo está prescrito.

Las actuaciones judiciales se iniciaron a partir 2003, cuando entró un nuevo gobierno de IU y encargó una auditoría. El Ayuntamiento recurrió por lo Contencioso-Administrativo, aunque varias sentencias declararon la falta de competencia y que el procedimiento debía haberse iniciado ante el Tribunal de Cuentas. En 2006, también se interpuso una querella por delito de malversación de caudales públicos, que fue sobreseída al no quedar debidamente justificada. Aviñó y Paredes sí aceptaron en 2010 una condena a nueve meses y medio de cárcel y tres años y medio de inhabilitación por un hecho concreto de esta gestión: el pago de 5.700 euros a la sociedad el día previo a su cese, tras las elecciones de 2003, con informes en contra.