La expulsión de nueve parlamentarios del sector afín a Teresa Rodríguez todavía no ha escrito su última línea. Según ha podido conocer este periódico, después de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) el pasado mes de septiembre en la que se sostenía que esa expulsión había vulnerado los derechos políticos de los afectados, Adelante Andalucía ha tomado la decisión de llevar el caso ante los tribunales y presentar una denuncia por prevaricación que podría conducir, de prosperar, a la inhabilitación de quienes la adoptaron.

La decisión del TC, “un auténtico lío jurídico de imprevisibles consecuencias para el Parlamento de Andalucía” en palabras del portavoz del PP en la Cámara, Toni Martín, cambió por completo la relación entre Adelante y Por Andalucía. La decisión fue adoptada por la Mesa del Parlamento y contó con los votos favorables de todos sus miembros, salvo los populares que se abstuvieron, precisamente porque el informe de los letrados no respaldada un a decisión que fue adoptada por la actual portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto.

Además de Teresa Rodríguez, los parlamentarios expulsados fueron la que por entonces era su sustituta (estaba de baja por maternidad), Ángela Aguilera; el portavoz adjunto y hoy de Adelante Andalucía, José Ignacio García; Nacho Molina, Luz Marina Dorado, María Vanesa García, María Gracia González y Diego Crespo. En un principio quedaron fuera de la decisión Maribel Mora que entró en la lista como independiente, Mari García Bueno, representante del SAT y Ana Villaverde. Ambas se mantuvieron en el grupo, pero después lo abandonaron por iniciativa propia.

La decisión fue adoptada en el mes de octubre de manera unánime después de que los parlamentarios afines a Teresa Rodríguez, decidieran separarse de las decisiones adoptadas desde los órganos nacionales de Podemos, ya que consideraban que se menoscababa su capacidad de actuación. Cuando el letrado mayor del Parlamento, advirtió que el reglamento de la Cámara no la amparaba, se les readmitió de manera provisional. Poco después se modificó dichas disposiciones y la expulsión se hizo de manera efectiva.

La tesis de Podemos es que todos ellos se presentaron bajo sus siglas, aunque fuera bajo el paraguas de la coalición con Izquierda Unida y los andalucistas y les acusó de transfuguismo, tesis que ha sido tumbada de manera contundente por el TC al asegurar que se “vulneraron sus derechos”, en concreto los de representación política por la aplicación del pacto antitransfuguismo. Su origen fue cuando esos diputados planteaban una marcha amistosa y abrían una posibilidad de colaborar, un extremo que dio origen a un enfrentamiento con las direcciones de Podemos y de IU en Andalucía, los dos socios de Adelante.

El eje central de la sentencia del TC se asienta en que la adquisición de la condición de diputado no adscrito afecta al núcleo de la función representativa de los diputados, ya que la posibilidad de constituir un grupo parlamentario presenta posibilidades de actuación parlamentaria mucho más ventajosas.

Hay que recordar que la mesa estaba presidida por Marta Bosquet, de Ciudadanos en su condición de presidenta del Parlamento y su compañero de formación Julio Díaz. La primera es presidenta del Ifapa y el segundo es el representante de la Plataforma en Defensa de los Regantes del Condado que defiende la proposición de ley en la actualidad paralizada en espera de un acuerdo sobre la gestión de la zona de la Corona Norte de Huelva. También la integraban las representantes del PSOE Verónica Pérez, hoy en el Consejo administrativo de la RTVA y Teresa Jiménez que forma parte del Comité Federal del PSOE; por parte de Vox, su representante es el actual portavoz de la formación en la Cámara andaluza, Manuel Gavira, el único que podría hacer frente, de prosperar la denuncia por prevaricación a una pena por inhabilitación, ya que los dos representantes del PP, Esperanza Oña y Manuel Andrés González, parlamentaria y secretario primero de la mesa del Parlamento respectivamente, se abstuvieron en la votación.

Por el momento, según confirmaron las mismas fuentes, no se conoce la fecha en la que se hará efectiva la denuncia, ya que “está en estudio por parte del equipo jurídico” así como la cantidad económica que se reclamará y que consideran que les corresponde de acuerdo a la representación que tenían en el momento de su expulsión. Esa cantidad rondaría los dos millones de euros, aunque su determinación “es bastante compleja” y es uno de los escollos que han impedido que hasta ahora se haya presentado.

Teresa Rodríguez, que abandonó la primera línea política y su escaño en el Parlamento de Andalucía a finales del año pasado para regresar a su actividad docente en Puerto Real, ya advirtió poco después de conocerse su expulsión y la de sus compañeros que “se trata de un atropello jurídico” y anunciaba medidas judiciales para su reparación. La lentitud en el pronunciamiento del TC hizo que concluyera la legislatura antes de adoptar decisión alguna y medidas para poder reparar el daño causado. Tan pronto como se conoció su decisión se activaron las mismas.

La propia Rodríguez ya las avanzó en su última visita al Parlamento el pasado 14 de septiembre cuando señaló que “se tomo una decisión sabiendo que era ilegal y con los informes del letrado del Parlamento en los que advertía que con la voluntad de uno de los 17 miembros de un grupo político no era posible proceder a la misma”.

Además de reclamar la “dimisión inmediata” de quien tomó esa decisión (Inma Nieto) anunció la opción de “estudiar la presentación de una denuncia por prevaricación contra los anteriores miembros de la Mesa del Parlamento”, una decisión que después de leer en profundidad el fallo del TC y de recabar todos los informes jurídicos sobre el mismo, se ha decidido llevar a efecto. La reparación política es prácticamente imposible dado el tiempo transcurrido, aunque la económica sí parece que pueda ser, más factible.