La juez Mercedes Alaya ha vuelto a criticar la actuación de la Junta de Andalucía en relación con el sistema por el que durante una década se concedieron las ayudas de los ERE, donde se repartieron "millones de euros a empresas próximas al poder político o sindical", y ha reprochado esa "financiación sin control" y "absolutamente discrecional" de las subvenciones.

La instructora se ha pronunciado en estos términos en la imputación formal que el pasado miércoles realizó a la ex secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina Varo, uno de los veinte altos cargos que fueron imputados por la magistrada junto a la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez.

Alaya imputó a Lourdes Medina ser una de las "impulsoras del sistema de concesión de ayudas sociolaborales" en el que se prescindió "injustificada e ilegalmente" del procedimiento legal de subvenciones, utilizando al IFA para el pago de las ayudas mediante las denominadas transferencias de financiación.

La juez critica igualmente que el sistema degeneró en "mayores desviaciones" a través de las múltiples subvenciones concedidas a empresas sin actividad, o bien mediante ayudas individuales para las "personas cercanas a los círculos de poder" o para los intrusos, que no habían trabajado nunca para las empresas donde se realizaban los ERE y que financiaba la Junta de Andalucía. "Esa financiación, sin control, rápida y eficaz, presuntamente pasaría a ser desde el año 2000 uno de los instrumentos de la política económica de la Junta de Andalucía", reprocha la magistrada.

En la declaración de Lourdes Medina Varo, la instructora también se interesó por conocer qué partidos presentaron enmiendas en el Parlamento andaluz para aumentar los fondos destinados a las transferencias de financiación al IFA para el pago de estas ayudas. La ex secretaria general técnica de Empleo aseguró, a preguntas de su defensa, que conoce que en el año 2002 se planteó una enmienda a la partida 31L -conocida como el fondo de reptiles-, la 1914, por la que se transfirieron 5,4 millones de euros de la partida 470 -de relaciones laborales- a la 440, de transferencia de financiación a la agencia IDEA.

Alaya preguntó a la imputada expresamente qué grupo parlamentario fue el que propuso esa enmienda del año 2002, a lo que Lourdes Medina respondió que no lo recordaba.

En su declaración, la ex alto cargo de la Junta, a la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido una fianza civil de 4.150.000 euros, explicó que en 2009 se presentaron 2.425 enmiendas a los Presupuestos de la Junta, 2.014 en 2010 y 925 en 2011, un número de enmiendas que, a su juicio, "evidencia el conocimiento que el Parlamento tiene del proyecto de Presupuesto que se presenta cada año". De esta forma, Lourdes Medina insistió en que el uso de las transferencia se había consolidado en la Junta al haber recogido este instrumento presupuestario en siete Leyes de Presupuestos.

La imputada alegó, en cualquier caso, que cuando llegó al cargo desconocía que la transferencias se estuvieran utilizando para la concesión de subvenciones sociolaborales, y también ignoraba el procedimiento que seguía la dirección general de Trabajo y que se eludiera la fiscalización previa.