La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado en la causa a un quinto hijo del empresario José María Ruiz-Mateos, en relación con las ayudas que por 10,5 millones recibió la empresa Dhul, y le ha citado a declarar el próximo 13 de mayo. La magistrada ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que identifique a un yerno del empresario jerezano que es un "alto funcionario" de la Junta de Andalucía, una investigación que se produce tras la declaración del ex abogado de la familia Joaquín Yvancos, quien aseguró que esta persona le había solucionado a los Ruiz-Mateos "muchas cosas a nivel de contactos, ya que cuando tenían un problema acudían a él".

En un nuevo auto, la instructora acuerda la imputación de José María Ruiz-Mateos Rivero, consejero delegado del grupo Nueva Rumasa porque, de la declaración del ex abogado de la familia se desprende que éste "daba instrucciones directas sobre lo que tenían que hacer en cada una de las empresas del grupo, siendo por tanto conocedor y partícipe de las irregularidades que presuntamente se cometieron en los expedientes de regulación de empleo del Hotel Cervantes y en el de comercial alimentaria Dhul".

De la misma forma, Alaya entiende que José María Ruiz-Mateos Rivero conocía y era partícipe igualmente del "presunto tráfico de influencias a favor del grupo Nueva Rumasa, ejercido ante la Junta  por Juan Lanzas, para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE, así como de los pagos efectuados a Lanzas" a razón de 600.000 euros por cada ERE.

Con respecto al yerno del empresario Ruiz-Mateos, la juez señala en el nuevo auto que "parece desprenderse la existencia de la participación en los hechos delictivos de una persona de quien actualmente desconocemos sus datos de filiación, pero que sería uno de los yernos de José María Ruiz-Mateos, concretamente el marido de su hija Nuria, que siendo un alto funcionario de la Junta, solucionaba a la familia Ruiz-Mateos ‘muchas cosas a nivel de contactos, ya que cuando tenían un problema acudían a él', según señaló Yvancos en su declaración de imputado”, precisa Alaya.

Para depurar las posibles responsabilidades penales en que "éste haya podido incurrir", la juez ha ordenado a la UCO que efectúe las diligencias de investigación precisas encaminadas a la identificación de esta persona, así como que “se acredite los cargos que ha podido ostentar en la Administración de la Junta y las relaciones personales o de carácter laborar con el resto de los imputados o vinculados con las presentes diligencias previas”.

Por otro lado, la juez ha accedido a practicar una prueba pericial caligráfica solicitada por la defensa del director comercial de Dhul Rafael Carvia para acreditar la firma –que él niega- en los certificados individuales de tres intrusos que fueron incluidos en la póliza: Fernanda García Vílchez, Carmelo Cruz Porcel y Ángeles Sierra García. Carvia aseguró que ni siquiera coincide el sello con el tampón que se utilizaba en Dhul, lo cual probaría que él mismo es un trabajador más de Dhul “ajeno a una eventual ilicitud de las ayudas concedidas a esa mercantil con ocasión del ERE”.