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Andalucía

Alaya incorpora la labor de la Comisión del Parlamento al sumario

  • La juez señala que en la causa se han hecho alusiones a los testimonios prestados en la Cámara que son de interés para la investigación judicial

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha incorporado a la causa "los trabajos íntegros" de la Comisión Parlamentaria que investigó las irregularidades detectadas en las ayudas y cuya resolución final fue rechazada por la cámara autonómica. En un nuevo auto, la juez explica que se remitió al juzgado la propuesta de la presidencia de la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales y apunta que en el curso de las diligencias judiciales "se ha aludido en varias ocasiones a las declaraciones efectuadas ante la Comisión de Investigación, o incluso se han señalado como particulares para incluir en las piezas para resolución de los recursos" por parte de la Audiencia de Sevilla.

La magistrada recuerda que esa propuesta de la comisión no fue aprobada, "por lo que se hace necesario incorporar a las actuaciones los trabajos íntegros de la comisión parlamentaria", los cuales se encuentran publicados en la página web del Parlamento.

De hecho, después de seis meses de trabajo y una treintena de comparecencias -entre ellas las del entonces presidente, José Antonio Griñán-, el Parlamento andaluz votó en contra del dictamen de la comisión. Sólo el grupo socialista votó a favor, mientras que PP e IU se opusieron, lo que supuso el rechazo de la resolución final.

Alaya ha ordenado que se forme un anexo documental con estos trabajos y que se dé traslado a las partes personadas en la causa.

La decisión de la instructora se conoció el mismo día en el que Francisco del Río Muñoz, el que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía durante casi 30 años, compareció ante la juez para defender que siempre actuó con el "más genuino y escrupuloso respeto a la legalidad" en el ejercicio de la "alta misión" que tenía encomendada desde su "absoluta independencia, con la única sujeción a la Constitución y a las leyes del reino de España y de la comunidad andaluza". La Fiscalía Anticorrupción no pidió ninguna fianza civil para el letrado.

Francisco del Río se acogió a su derecho a no declarar, pero antes su abogado, el penalista Francisco Baena Bocanegra, presentó un escrito en el registro del decanato de los juzgados en el que explica que había solicitado la suspensión de la declaración porque considera que para ejercer su derecho de defensa es necesario que el imputado conozca antes el atestado que está elaborando la Guardia Civil sobre la actuación de la agencia IDEA.

El escrito señala expresamente que, "salvo error", no figura ese atestado en las actuaciones, lo que "exige necesariamente que con carácter urgente se reclame el mismo de la citada unidad policial para que sin excusa ni demora, y en el estado en que se encuentre, se traiga a la causa y ponga a disposición de las partes tanto acusadoras como imputados, a los debidos efectos procesales".

Esta misma petición la realizó la Fiscalía Anticorrupción cuando la semana pasada solicitó la suspensión de las declaraciones de los nuevos imputados, pero la juez rechazó el aplazamiento y tampoco reclamó por el momento el atestado de IDEA. La defensa de Del Río considera que la "trascendencia" del atestado en relación con el derecho de defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías "se acrecienta" en su caso, por cuanto cesó el 31 de julio de 2012 y ha venido ostentando la jefatura jurídica desde hace casi 30 años.

Del Río, que fue jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 1982 y 2012, asegura que está dispuesto a prestar su "más leal colaboración" con la autoridad judicial y con las partes acusadoras para el "esclarecimiento de los hechos que se investigan", todo ello desde su "firme protesta de inocencia".

Otro imputado, Francisco García Martínez, que fue secretario general de Empleo, también se negó ayer a declarar, mientras que el presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía Felipe Romera Lubias, no compareció alegando motivos personales. Tampoco declararon los ex directores de Finanzas del IFA Juan Vela y Pablo Millán. De esta forma, los 19 imputados que han comparecido esta semana -Alaya citó a 25- han guardado silencio.

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