La juez Mercedes Alaya sigue afinando las claves de los argumentos que en su momento le servirán probablemente para sostener los indicios contra la treintena de altos cargos que actualmente están imputados en la investigación por el escándalo de los ERE. En un nuevo auto, la instructora ha culpado a los diferentes "cargos políticos y técnicos de la Junta" de ser los "promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años", en alusión a las transferencias de financiación con las que se pagaban de forma inadecuada las ayudas sociolaborales.

La instructora vuelve a aludir a la "estructura piramidal" de las responsabilidades a la que se refirió en otra ocasión cuando  apuntó que había seguir subiendo escalones en esa pirámide y que le llevó, en junio del año pasado, a dar un "paso cualitativo" al imputar a la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez y a otros 19 altos cargos de la Administración andaluza.

Las afirmaciones sobre la responsabilidad de los políticos aparecen en un nuevo auto en el que Alaya rechaza el recurso presentado por una imputada en el caso de los ERE, la ex presidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), Encarnación Poto Monge, que había solicitado que se separara los hechos que se le imputan de la "trama política" de la causa.

Alaya asegura en el nuevo auto, en el que desestima la petición de la defensa de la ex presidenta de Acyco, que Encarnación Poto Monge, lejos de mantenerse al margen de esa trama política, "se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos para conseguir elevadas subvenciones, coincidiendo indiciariamente que las mismas se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes, como ella, o por el órgano concedente, el fin público o el interés social de tales ayudas públicas".

La instructora sostiene que las ayudas concedidas a Acyco "se imponían como parte de una estrategia empresarial, sobre la seguridad de que se iba a disponer de tales fondos públicos".

La magistrada reflexiona que, en el estado actual de la causa, con independencia de cada empresario o directivo, "la causa se configura como inescindible, pues en cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas".

Alaya se refiere, de un lado, a los cargos políticos y técnicos de la Junta, a los que hace responsables del sistema ilegal con esa estructura piramidal, y también a los "intermediarios que alternándose se repiten en cada uno de los expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés".

La instructora concluye que "hasta la fecha, no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma" y recuerda que este mismo argumento lo expuso la Audiencia de Sevilla en un auto de diciembre pasado.

Ésta es la segunda ocasión en la que la instructora rechaza la petición de la defensa de Acyco de separar en varias piezas la macrocausa de los ERE. En octubre pasado, la juez ya puso de manifiesto que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el proceso, era la persona que "ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores y responsables de mayor escala, un sistema que respondería a una decisión política y que se crea indiciariamente en vía presupuestaria".

La instructora rechazó entonces abrir una pieza separada sobre Acyco porque entiende que el "nexo causal" de esta empresa con los demás expedientes relativos a otras sociedades que se beneficiaron de las ayudas no radicaba "únicamente" en el propio Guerrero, porque éste ex alto cargo no sería el único responsable del "uso de las transferencias de financiación y, por consiguiente, de la concesión de subvenciones sin observar el procedimiento legalmente establecido y los controles de la Intervención" General de la Junta de Andalucía.

El abogado Javier Gimeno Puche, que representa a Encarnación Poto, había propuesto a la instructora que separara el caso de los ERE en distintas piezas porque, en su opinión, "nada tienen que ver unas con otras", y lo argumentaba diciendo que Acyco "no tenía nada que ver [salvo por la intervención de Francisco Guerrero] con Río Grande, ni con Aglomerados Morell, ni con todos los expedientes de la Sierra Norte" de Sevilla.

La defensa alegaba que Poto Monge tiene embargado "su exiguo patrimonio" y la pensión de jubilación, y no quiere verse sometida a "dilaciones indebidas", puesto que desde que fue citada a declarar ha transcurrido más de un año sin que se practicara una sola diligencia en relación con la empresa Acyco. La defensa planteó este recurso de forma subsidiaria en apelación, por lo que la Audiencia de Sevilla deberá pronunciarse igualmente sobre la petición de que se separe la causa en varia piezas.