La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado en los juzgados de Sevilla a la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta Esther Azorit y al secretario de Organización y Finanzas del sindicato CCOO, Miguel Ángel Soto, a los que atribuye la presunta autoría de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, en relación al destino y la justificación de dos subvenciones concedidas por la Junta por importes de 600.000 y 400.000 euros.

La primera de las ayudas investigadas fue concedida por el consejero de Empleo el 22 de mayo de 2009 e iba destinada a financiar acciones de "divulgación y sensibilización" en materia de prevención de riesgos laborales. La Fiscalía señala que la entonces directora general de Seguridad y Salud Laboral Esther Azorit certificó el 9 de noviembre de 2009 que en esta subvención "ha sido aplicada parcialmente la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento parcial así como el correspondiente gasto parcial de la actividad subvencionada".

La Fiscalía concluye, no obstante, que de las "comprobaciones iniciales" efectuadas por funcionarios de la Policía Judicial "la suma total de gastos justificados, salvo error u omisión involuntaria, asciende a 609.106,09" euros, pero de la documentación aportada por el sindicato se deduce "un exceso de justificación total de 13.427,97 euros". Entre los gastos a justificar por el sindicato se incluyó una partida de 34.553,75 euros en relación con una manifestación que tuvo lugar el 22 de abril de 2009 que, según la Fiscalía, no deberían de aceptarse, por lo que se tendría que haber producido un "reintegro de fondos públicos de 20.383,78 euros".

La segunda subvención investigada fue solicitada el 9 de junio de 2009, por importe de 400.000 euros e iba destinada a financiar el programa de "mejora de las condiciones de trabajo en la comunidad autónoma para el año 2009". Dentro de esos gastos justificados por el sindicato, se incluyen dietas y facturas correspondientes a desplazamientos, alojamientos y comidas por importe de más de 26.000 euros, pero la Fiscalía considera que "algunos de los gastos de transporte y dietas que se recogen con el concepto de 'coordinación de actividades' reflejan viajes a Málaga desde Sevilla los viernes e itinerario de vuelta los lunes".

Y concluye que debería haber realizado un "reintegro de fondos públicos derivados de la no aceptación como gastos justificados de parte de las dietas percibidas" por una trabajadora del sindicato.