La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia de Sevilla que anule la fianza de responsabilidad civil de 29,5 millones que impuso la juez Alaya a la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta Magdalena Álvarez y ha mostrado su adhesión al recurso que contra la imposición de esta medida cautelar real presentó la defensa de la imputada, según han confirmado fuentes del Ministerio Público.

La ex consejera declaró una primera vez ante la juez Alaya el 8 de octubre y en esa comparecencia la Fiscalía no solicitó la imposición de ninguna fianza civil para el ex ministra de Fomento, por lo que ahora ha mostrado su adhesión al recurso presentado por el abogado de Magdalena Álvarez. La defensa recurrió al entender que se trataba de una fianza "abusiva" y "presidida por un fin estigmatizador y punitivo, fin coherente con el juicio anticipado de culpabilidad en que se sostiene pero manifiestamente inconstitucional".

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, impuso en concreto una fianza de 29.568.129,20 euros a la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta Magdalena Álvarez para hacer frente a la posible responsabilidad pecuniaria derivada de su imputación en la causa.  En una auto, Alaya explicaba que para la imposición de esta medida había tenido en cuenta que el "fumus bonis iuris" (o aroma de buen derecho) tan sólo exige la apariencia de antijuricidad de los hechos realizados por los inculpados y la juez considera que esa apariencia “resulta con claridad de los hechos indiciaria y extensamente expuestos en su imputación judicial previa a su declaración, de la que cabe deducir la probabilidad cierta de que pudiera ser condenada en un futuro por los hechos que hoy se investigan”.

Dice la juez que los inculpados, entre ellos Magdalena Álvarez, en virtud de los cargos que ostentaron y durante el tiempo que prestaron servicios en la Consejería de Economía "serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011".

La juez insistió en que las transferencias de financiación eran un procedimiento "legalmente inadecuado" para el otorgamiento de las subvenciones, pues su finalidad era financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas. La consecuencia de la utilización de este sistema era que la Consejería de Empleo no tramitaba expedientes de subvenciones, sino expedientes de transferencias de financiación al IFA, "con vulneración flagrante del procedimiento legalmente establecido" y "eludiendo los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización propios de las subvenciones públicas", mientras que en el caso de las transferencias sólo era necesario comprobar la existencia de "crédito suficiente y adecuado y emitir la orden de traspaso de fondos" en virtud de un calendario de pagos autorizado por la Dirección General de Tesorería, basándose únicamente en estos extremos la fiscalización del expediente.