La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición realizada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso de los ERE fraudulentos, para que se "expulse" del procedimiento a la Junta de Andalucía, según confirmaron ayer fuentes del caso, que destacaron que la petición de apartar a la Administración autonómica no es procedente porque la Junta es la institución perjudicada por las irregularidades que se están investigando desde hace cuatro años y ejerce la acusación particular para tratar de recuperar los fondos públicos defraudados, que la instructora cifra en 855 millones de euros.

La juez Mercedes Alaya pidió recientemente a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición realizada el pasado 12 de julio por el sindicato Manos Limpias, que reclamó la expulsión de la Junta del procedimiento ante la actitud "totalmente obstruccionista" que según el sindicato mostraba la Junta en esta macroinvestigación judicial.

Manos Limpias consideró en ese escrito que era "inaudito" que una parte que se considera perjudicada por un posible ilícito penal, "mantenga una actitud de defensa de los imputados, más propia de parte acusada" y añadía que el derecho a la tutela judicial "no es incompatible con la limitación del abuso de derecho, cuando es evidente que lo que se pretende es crear una imagen procesal que realmente no es la que corresponde con la realidad".

Por ello, el sindicato solicitó igualmente que, con carácter subsidiario, se transforme la condición procesal de la Junta en el sentido de que sea considerada a efectos del proceso como "responsable civil subsidiaria de los delitos que hayan podido cometer los imputados" que han ostentado cargos de responsabilidad dentro de la Junta.

Ante esta petición, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido ahora un escrito a la instructora, en el que se opone a la expulsión de la Junta de Andalucía de la causa, al considerar que el Gobierno andaluz ejerce la acusación particular como parte perjudicada por el fraude e interesada en el reintegro de las cantidades defraudadas, precisaron las mismas fuentes.

En la exposición razona que la juez Alaya remitió al Tribunal Supremo en agosto pasado la instructora cifró en 855 millones la cantidad defraudada, al asegurar que entre el año 2000 y el 18 de octubre de 2012, en virtud del programa 22.E y más tarde de la partida 31L -conocida como el fondo de reptiles- se produjo la "ilegal aplicación de fondos públicos" por ese importe. Alaya sostiene que el fraude se materializó a través de la "patente vulneración del ordenamiento jurídico estatal, autonómico y comunitario" y de la consignación de una partida presupuestaria "objetivamente inadecuada", en alusión a las transferencias de financiación, cuyo destino era el trasvase de fondos a la agencia IDEA, quien se encargo del pago de las referidas ayudas.