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Andalucía

Arenas cree que lo que se conoce de los ERE es "la punta del iceberg"

  • El líder de los populares ha asegurado que será "difícil encontrar a alguien" entre los presuntos falsos prejubilados "que sea ajeno a las siglas de un partido porque es el nexo común".

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha afirmado que lo que se conoce hasta ahora en torno a las posibles irregularidades en las ayudas de la Junta en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) es "la punta del iceberg".

Arenas, quien ha mantenido una reunión en Almería con alcaldes de su partido, ha asegurado que "no sabemos dónde termina esto", puesto que "estamos empezando" y "partimos de los 37 intrusos" reconocidos por la Junta.

El presidente del PP andaluz ha asegurado que será "difícil encontrar a alguien" entre los presuntos falsos prejubilados "que sea ajeno a las siglas de un partido, directa o indirectamente", porque existe "un nexo común, que son unas siglas".

Arenas se ha preguntado "dónde está la Fiscalía Anticorrupción" para actuar en este asunto y ha recordado que el Ministerio Público, al igual que los imputados en el caso Mercasevilla y el PSOE, apoyó la recusación de la juez Mercedes Ayala, una demanda que fue desestimada por la Audiencia Provincial por considerarla "temeraria".

Javier Arenas ha insistido en que el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, debe responder ante el Parlamento sobre estas irregularidades y explicar si la relación con los intermediarios ha terminado realmente.

El dirigente popular ha remarcado que "el Gobierno andaluz no había hecho nada por investigar este asunto" y se vio "forzado por la actuación del PP de Sevilla".

"Sin el empeño y el tesón" del candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, "esto no se hubiera descubierto", ha dicho Arenas, quien ha insistido en que el anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el actual, José Antonio Griñán, tenían que ser conocedores de la existencia de los fondos de la Junta que se destinaron a los ERE.

Arenas también ha afirmado que Andalucía cuenta con otro "problema de fondo" con su administración periférica, que, según ha dicho, "es infinitamente más costosa que las Diputaciones Provinciales".

Lo que ha hecho el PSOE, ha criticado Arenas, ha sido convertir las Delegaciones provinciales de la Junta en "ayuntamientos paralelos, al servicio de alcaldes socialistas o en ataque permanente a los alcaldes del PP".

"Andalucía no se puede permitir tener 28 delegados en cada provincia" porque es un "solemne disparate, lo haga quien lo haga".

Arenas ha recordado el compromiso de Griñán de "reducir espectacularmente" las Delegaciones provinciales, "con sus 28 políticos, sus coches oficiales y sus departamentos de comunicación", pero, a su juicio, no lo puede poner en práctica porque "el monstruo que han creado se enfada en cuanto le haces un rasguño".

En cambio, Arenas ha subrayado que él sí puede decir que se va a "reducir a la mitad" porque no tiene "nada que ver con la gestación" de ese "mastodonte".

"Los tiempos de dispendio y despilfarro se han terminado, y en el PSOE son los únicos que no se han enterado", ha criticado.

Arenas también ha avanzado que el PP va a presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria para solicitar que los ayuntamientos puedan refinanciar su deuda.

"No podemos aceptar que Zapatero refinancie el disparate que ha montado, que las comunidades autónomas refinancien su deuda y que los ayuntamientos sean marginados", ha remarcado Arenas, quien ha precisado que el PP "no pide más deuda ni más déficit municipal".

Arenas, quien ha apuntado que "la participación de los ayuntamientos en déficit total del Estado y en el endeudamiento es mínima", ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "permitir a los alcaldes respirar, empezando por el alcalde de Madrid, al que no se le permite refinanciar su deuda y terminando por el Somontín (Almería)".

Asimismo, el PP llevará a los ayuntamientos dos mociones, la primera de ellas para solicitar la refinanciación de la deuda municipal, y la segunda para exigir una investigación parlamentaria en torno a las irregularidades en los ERE.

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