La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha archivado la causa contra la ex asesora de Empleo María José Rofa en la pieza del caso ERE sobre ayudas al entramado empresarial Rosendo-Sayago en la Sierra Norte de Sevilla, pues "Rofa, como sus demás compañeros, no tenía ningún poder decisorio". En un auto del 9 de mayo, al que tuvo acceso Efe, la Audiencia estima el recurso de Rofa -apoyado por la Fiscalía y rechazado por la Junta- pidiendo el sobreseimiento de la causa contra ella y deja "patente" que "de todos los funcionarios de la Junta de Andalucía y de sus empresas públicas que hayan podido participar" en la tramitación de las ayudas bajo sospecha "tan sólo ha sido investigada" ella. También recuerda que "la colaboración de la señora Rofa en la investigación de la causa matriz, aportando la documentación que tenía en su poder, así como por el contenido de sus declaraciones, ha contribuido de modo importante al esclarecimiento de los hechos".

Rofa fue una testigo clave durante la instrucción del caso ERE y la semana pasada compareció en el juicio de la pieza política contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" para dar estas ayudas de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía. En el juicio, describió una situación de gran "desorden" sin "expedientes como tal" de la concesión de las ayudas que otorgaba la Dirección General de Trabajo cuando ella llegó en 2008 de la mano de Juan Márquez, quien sustituyó a Javier Guerrero como titular de este departamento. Rofa fue investigada en cinco piezas del caso, entre ellas la referida a las ayudas dadas por la Junta a empresas de José Enrique Rosendo y José María Sayago en la Sierra Norte de Sevilla, comarca que concentró hasta 54 millones del fondo de los ERE.

Ya en enero de 2017 la instructora María Núñez la sacó de esta pieza, pero la Junta recurrió y la Audiencia anuló su decisión por falta de motivación, lo que motivó un nuevo pronunciamiento de Núñez admitiendo el recurso de la Junta y manteniendo a Rofa como investigada en la causa. La ex asesora de Empleo recurrió y ahora la Audiencia le ha dado la razón al considerar que "una cosa es participar en dicha gestión y otra cosa muy distinta es tener capacidad de contenido decisorio", que es la que determina la posible comisión de un delito de prevaricación por parte de un empleado público.