La Audiencia ratifica la fianza de 2,1 millones al ex diputado Ramón Díaz

La Audiencia de Sevilla ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 2.142.722 euros que la juez Mercedes Alaya impuso en octubre de 2013 al ex diputado andaluz del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, que está imputado por delitos continuados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias en la causa de los ERE fraudulentos.

La Sección Séptima de la Audiencia ha dictado un auto, con fecha del pasado 5 de octubre, en el que desestima el recurso de su defensa, que había alegado que no existían indicios de delito contra el ex diputado socialista, que trabajó como asesor de la Consejería de Empleo. El tribunal recuerda que Ramón Díaz fue imputado por su intervención en la negociación de una serie de expedientes de subvenciones sociolaborales "plagadas de irregularidades" -la instructora mencionaba hasta 15- y por su "posible activa intervención en la inclusión de intrusos" en los expedientes de Calderinox, Saldauto y A-Novo.

Los magistrados rechazan las alegaciones del imputado respecto a que la fianza civil fue impuesta exclusivamente "con sustento en las declaraciones" de la también asesora de Empleo María José Rofa, "con superior nivel jerárquico en el organigrama de la Dirección General de Trabajo" y que podría esta "intentando eludir responsabilidades propias". Sin embargo, el tribunal entiende que este argumento no se ajusta a lo que se desprende de los testimonios, dado que María José Rofa llegó a la Consejería "tres años después" de que lo hiciera Ramón Díaz, y la posición de éste en la dirección general de Trabajo "no es la de un subordinado de la señora Rofa, tal y como puede comprobarse con la mera lectura de los correos electrónicos que aparecen unidos a las actuaciones, que más que indicar que hubiese relación jerárquica entre ellos, indica colaboración en tareas, incluso sustitución de uno por otro en ausencias".

Sobre su posible intervención en la inclusión de intrusos en los expedientes de ayudas mencionados, la Sala considera que "existe algo más que las meras manifestaciones puestas en entredicho de la señora Rofa que lo avalan".

Por ello, la Audiencia estima que la calidad de los indicios que existen para adoptar la medida cautelar real "resultan suficientes", y concluye que, "sin perjuicio de lo que el devenir de la causa pueda deparar, la medida que se adoptó resultó ajustada a las circunstancias del supuesto, era conveniente teniendo en cuenta la dimensión y la marcha del mismo, y ha de ser confirmada en esta instancia", razona el auto.

De otro lado, la misma sección de la Audiencia ha confirmado la fianza civil de 80.000 euros que la juez Alaya impuso en febrero de 2014 a Rocío Sayago, que fue secretaria del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. Tras imponer esta fianza, el juzgado le embargó una vivienda unifamiliar ubicada en la urbanización Los Alcores de Mairena del Aljarafe.

Mercedes Alaya consideró entonces que tanto María Ángeles Gala, como responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo durante la época de Guerrero, como Rocío Sayago, como secretaria adjunta, habrían sido "conocedoras y partícipes de la tramitación de expedientes que sabrían que eran para la concesión de subvenciones sociolaborales, a sabiendas de la absoluta ausencia de procedimiento, y de que con tales expedientes se estarían repartiendo a discreción, sin criterio legal alguno, miles y miles de euros de fondos públicos" de la Junta.