Primero fueron las facturas falsas de la UGT y ahora las ayudas de Invercaria. En la semana en que la Comisión Europea ha anunciado la suspensión de las subvenciones concedidas a UGT-A por la trama de las facturas falsas que investiga la juez Alaya por los presuntos usos indebidos que el sindicato habría dado a los fondos europeos destinados a formación, Bruselas señala de nuevo a Andalucía como foco de presuntas actuaciones delictivas relacionadas con las ayudas y subvenciones comunitarias.

Las sospechas recaen ahora en las inversiones y préstamos realizadas por la empresa pública de capital riesgo Invercaria, cuyas irregularidades investiga el juez Juan Gutiérrez Casillas. La Oficina Europea de  Lucha contra el Fraude (OLAF)  ha pedido información a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada española para decidir si investiga las ayudas de Invercaria, tal como le pidió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 

Fuentes del caso informaron a Efe de que la OLAF, con sede en Bruselas, estudia en este momento si los hechos denunciados por el TSJA entran dentro de sus competencias para actuar y si dispone de información suficiente para abrir una investigación. Otras fuentes del Ministerio Público consultadas ayer por este periódico destacaron la importancia de esta actuación por parte de la OLAF, que se enmarca en el cuidadoso celo que Bruselas pone ante una denuncia sobre la utilización indebida de los fondos de la UE.

En concreto, la oficina antifraude está estudiando los aspectos denunciados en la sentencia del TSJA emitida en junio de 2013 y ha pedido información a la Fiscalía Anticorrupción española, cuyos fiscales están personados en la causa abierta por el juzgado de instrucción 16 de Sevilla en la que se analizan las irregularidades relacionadas con las operaciones de Invercaria. 

La actuación es consecuencia de la sentencia que la Sala de lo Social del TSJA dictó en junio de 2013, cuando declaró improcedente pero no nulo el despido del ex directivo de Invercaria Cristóbal Cantos -denunciante del caso y ahora también imputado- y, en consecuencia, le negó una indemnización de 300.000 euros. 

El TSJA acordó denunciar ante la OLAF a Invercaria por el reparto de fondos Jeremie, destinados a pequeñas y medianas empresas (pymes) que, según la sentencia, se otorgaban "sin publicidad y sin que tuviera procedimiento regular para determinar los requisitos de los beneficiarios, las condiciones de los préstamos, los importes y la fijación del interés". 

La empresa "carecía de elementos para que la Cámara de Cuentas pudiera emitir una conclusión sobre la idoneidad de las inversiones realizadas, tanto como que en un solo año, de cinco empresas en las que se invierte, tres estaban en pérdidas y una en concurso, y ello suponía el 40,14% de la inversión total de Invercaria en el año 2009", advirtió entonces el fallo del TSJA. En esta sentencia los magistrados observaron que no hay "indicio alguno de represalia" ni de que Cantos "fuera presionado u hostigado" por sus superiores en Invercaria, y afirmó que él mismo elaboró informes sobre irregularidades en los fondos Jeremie, "cuando el recurrente había colaborado en los mismos". Además de notificar el caso a la OLAF, el TSJA denunció los hechos ante el juez decano de Sevilla por la posible "relevancia penal de los hechos declarados probados". 

Las operaciones de Invercaria ya están siendo investigadas por el juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, que está abriendo piezas separadas para cada una de la veintena de empresas en las que esta sociedad invertía y el próximo 20 de marzo tomará declaración, como imputados, al ex presidente de la sociedad Tomás Perez Sauquillo y a varios miembros el Consejo de Administración por una ayuda de 300.000 euros a la empresa jiennense Fumapa, dedicada a la fabricación de carpintería metálica.

El juez Gutiérrez Casillas tiene abiertas nueve causas más para investigar a otras tantas empresas públicas de la Junta -algunas tan relevantes como la RTVA, Extenda, Egmasa o Turasa- que también podrían haber utilizado las transferencias de financiación cuyo uso en los ERE cuestiona Alaya.