La Cámara de Cuentas, en su informe de fiscalización de 2021, ha comprobado si la gestión de la valoración de las personas con discapacidad se ajusta a los principios de eficacia, eficiencia y economía. Y entre las recomendaciones que ofrece a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad está la de incrementar los medios para la gestión de la valoración de la discapacidad para poder evitar, entre otros aspectos, que existan cada vez plazos de espera más dilatados, y poder disminuir los tiempos de todo el proceso de valoración.  

El informe señala que las valoraciones realizadas no se resuelven en el plazo establecido y las esperas son cada vez más elevadas. Los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad resueltos por encima del plazo legal de seis meses representan, por término medio, el 77% del total de expedientes tramitados en el periodo 2018-2021. Con respecto al plazo de resolución del procedimiento de tarjeta de aparcamiento, el 28,25% de expedientes tramitados en el periodo 2018-2021 han sido resueltos por encima del plazo legal de tres meses.

El órgano fiscalizador apunta que el número de días que transcurre desde que se solicita la valoración de la discapacidad hasta que se otorga la primera cita, en el año 2021 en el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad asciende a 430 días y en el de revisión de grado de discapacidad a instancia de parte se llega hasta los 486 días. 

Además, la Cámara de Cuentas pone de relieve que el tiempo medio que transcurre desde que el interesado solicita la certificación del grado hasta que efectivamente se realiza la valoración en el procedimiento del grado de discapacidad, en el año 2021 asciende a 382 días, llegando a ser de 390 días en la revisión del grado a instancia de parte.

El informe también denuncia que el tiempo medio que transcurre desde que se solicita la certificación del grado, o bien la revisión del mismo hasta que se resuelve, supera el plazo legal de 180 días. En 2021 para los procedimientos de reconocimiento del grado de discapacidad y de revisión del grado a instancia de parte asciende a 417 y 431 días respectivamente.

Según la Cámara de Cuentas, "los gastos que se han destinado a valorar la discapacidad en el año 2021 ascienden a algo más de 19 millones de euros. En el ejercicio 2020 los gastos crecieron un 7%, con respecto a los dos años anteriores y en el año 2021 han descendido un 2% con respecto al ejercicio 2020. La principal partida de gastos destinados a la valoración de la discapacidad y que supone el 89% son los gastos del personal implicado en la valoración".

Estos datos vienen a avalar el informe CERMI Espacio Digital. Territorios conectados que se publicó la pasada semana, en el que se denunciaba que Andalucía registra 18 meses de retraso para valorar el grado de discapacidad. La comunidad andaluza ocupa el tercer puesto en este ranking negativo de 2023 y sólo es superada por Canarias y Extremadura, que llegan a los dos años de espera.

Cádiz y Granada

En concreto, y diferenciando los datos por provincias y ciudades, el informe revela que Badajoz, Cádiz y Granada, Albacete y Toledo y Avilés son los que mayor dilación en el tiempo presentan a la hora de conseguir el grado de discapacidad.

En cambio, Castilla y León (con cuatro meses) es la comunidad autónoma con menos demora, seguida de País Vasco (5), Comunidad de Madrid (9), Comunidad Valenciana (10), Navarra (11), Galicia y Cantabria (12), Aragón (13), Cataluña (14 meses), Baleares (15) y Murcia (16).

El 94,74% de los territorios tiene como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95% se debe a la existencia de procedimientos lentos y complejos. Según este informe, la insuficiencia de centros no es una causa tan determinante en el retraso en la valoración, siendo esta del 36,84%.

Por ello, entre las recomendaciones que expone la Cámara de cuentas está la de "incrementar los medios para la gestión de la valoración de la discapacidad para poder evitar que existan cada vez plazos de espera más dilatados, y poder disminuir los tiempos en el proceso de valoración", así como "realizar un seguimiento de las debilidades e incumplimientos que se detectan en los centro de valoración y orientación".

La Junta prepara una reforma estructural

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado esta semana en comisión parlamentaria una "reforma estructural" de los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad (CVO) que tendrá como ejes un incremento del personal, una mejora del procedimiento y una apuesta firme por la innovación tecnológica.

López aseguró que la Junta es consciente de la demora existente en los CVO, ante lo cual subrayó que, "desde la humildad y la determinación", su departamento está trabajado para mejorar la atención que se presta a las personas con discapacidad a través de la puesta en marcha de una batería de medidas. "Hemos cogido el toro por los cuernos para solucionar este problema, que nunca hemos ocultado, sino que lo hemos afrontado articulando una reforma estructural para poder avanzar", resaltó.

La titular de Inclusión Social remarcó la creación de nuevas plazas estructurales y estables para reforzar los equipos, al tiempo que ha puesto el acento en la apuesta por medidas tecnológicas y de innovación que contribuyan a reducir las citas pendientes.

"Estas medidas no son un plan de choque sino toda una reforma estructural centrada en tres pilares: personal, procedimiento e innovación tecnológica", enfatizó López, que indicó en el “histórico retraso” que sufrían los CVO y que se vieron agravados por la imposibilidad de realizar citas presenciales por la pandemia de la Covid-19, entre otras vicisitudes, como el déficit de profesionales.

López explicó que el cuarto decreto de simplificación aprobado por la Junta hace posible la ampliación de los equipos de valoración con profesionales sanitarios. Si bien especificó que hay valoraciones que siempre serán realizadas por profesionales de la medicina y que esta medida solo se aplicará en aquellos centros donde no sea posible la contratación de profesionales de la medicina.