La Audiencia de Sevilla ha confirmado el auto de 8 de abril de 2015 en el que la juez Mercedes Alaya amplió la imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en relación al préstamo concedido a EDM-Séneca por importe de 384.841,65 euros con cargo a la partida presupuestaria 31L. En un auto, la Audiencia rechaza así el recurso presentado por la defensa de Fernández, que criticó que la juez Alaya ampliara su responsabilidad en este caso "indiscriminada y sistemáticamente" en relación a actuaciones "que aparecen, sin embargo, como de palmaria autoría por parte del director general de Trabajo y en el ejercicio de las competencias al mismo atribuidas".

La juez Alaya dio por reproducidos cuantos hechos quedaban expuestos en la resolución de 27 de enero en relación a estas empresas, que "apreciaba apariencia delictiva" en la concesión de dicho préstamo a la empresa EDM-Séneca, "aunque realmente se trataba de dos empresas distintas aunque constituidas el mismo día 20 de julio de 2006 y compartieran la misma sede social" en Mancha Real".

Según expuso entonces la magistrada, desde su creación en 2006, estas empresas "disfrutaron de numerosas ayudas, hasta un montante total de 6.405.932,55 euros, pese a lo que en el año 2009 las dos comenzaron su proceso de liquidación". La Audiencia reconoce que, "ciertamente", el ex consejero "no fue referenciado nominalmente" en el auto, "ni en el directamente apelado se explicita la razón de dirigir contra él el procedimiento por esos nuevos hechos", pero "en la primera de tales resoluciones se aludió a que los hechos se cometieron tras idear los responsables de la Junta una fórmula para conceder una nueva ayuda a este entramado que no fuera susceptible de embargo'".