Un contrato recién adjudicado por el Parlamento de Andalucía ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por personal técnico de la Cámara al entender que se ha utilizado injustificadamente la figura de la adjudicación directa mediante un proceso negociado sin publicidad a la empresa tecnológica sevillana Guadaltel SA, dado que el software usado es de licencia libre. 

La denuncia señala al jefe de Servicio de Informática del Parlamento a quien acusa de adjudicar “a dedo” a la citada empresa un contrato con un valor estimado de 263.219 euros y sostiene que con ello se “atenta contra los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, así como la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”. 

El contrato en cuestión tiene por objeto prestar “Servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de la suite G-ONCE utilizados por el Parlamento de Andalucía” se licitó con un presupuesto base 109.653 euros y con el citado valor estimado de 263.219 euros (incluye las posibles prórrogas y modificaciones de hasta un 20%), y se adjudicó al único licitador –Guadaltel SA– por una oferta de 50 euros menos que el presupuesto base de licitación: 109.603 euros. 

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción es, en realidad, la ampliación de otra presentada en diciembre de 2022, por supuestos incumplimientos de varios contratos anteriores que dan lugar a la contratación que ahora se impugna. Esa denuncia inicial, de hecho, anticipaba, lo que se pone en conocimiento del Ministerio Público en la ampliación: que al no haberse entregado, según la versión de los denunciantes, el código fuente del software que libre licenciamiento, se creaba una dependencia tecnológica al Parlamento de Andalucía que condicionada la contratación con una única empresa. 

Al jefe de Servicio de Informática del Parlamento se le denuncia porque firma una memoria justificativa del expediente de contratación que sostiene que debe usarse el procedimiento negociado sin publicidad, pese a que al principio de la misma señala que el software cumple los requisitos EUPL (Europen Union Public License). 

En concreto, el documento de la memoria, al que ha accedido este periódico porque consta en el expediente de contratación, que es público y está publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, afirma: “Al igual que en el expediente 2019/1, a cuyo objeto se pretende dar continuidad con la contratación, se estima que debe procederse a la adjudicación a través del procedimiento negociado sin publicidad, ya que las aplicaciones cuyo mantenimiento, modificación mediante nuevos desarrollos y actualización constituyen el objeto de este contrato han sido desarrolladas y adaptadas de forma expresa para el Parlamento de Andalucía por la empresa Guadaltel, SA”.  Y agrega: “La mencionada empresa es la única que posee el código fuente actualizado de las versiones específicas del Parlamento y que da soporte a las mismas, por lo que se hace necesario, al no existir competencia por razones técnicas, el procedimiento negociado sin publicidad”. 

Los denunciantes, por el contrario, sostienen que al ser un software EUPL (Europen Union Public License) –es decir, software libre–, que la contratación debió hacer con publicidad y en libre concurrencia de empresas, puesto que el Parlamento debería tener el código fuente para que cualquier otra compañía pudiese prestar el servicio. De hecho, Guadaltel SA fue más valorada y contratada para los servicios que ahora se le dan continuidad precisamente porque ofertó un software EUPL. 

Este periódico se puso en contacto con el Parlamento de Andalucía para que ofreciera su versión de lo sucedido. El letrado mayor, a través del departamento de Comunicación, sostuvo que todo el proceso de contratación ha cumplido la legislación vigente, como es preceptivo. Además, precisaron que sólo les consta la denuncia por parte del personal técnico que la interpuesto, pero no por parte de la Fiscalía. 

El jefe de servicio de Informática, por el mismo procedimiento, se limitó a decir que en su departamento todos los contratos cumplen la ley y se remitió a su abogado, que no ha contactado con este periódico. 

Por su parte, un portavoz autorizado de Guadaltel SA declaró a este periódico que se trata de un procedimiento negociado al que fueron invitados a participar y que es cierto que el contrato les ha sido adjudicado, pero precisó que aún no ha sido formalizado con la firma del mismo. 

Además, también aclaró que, tal como sostienen los denunciantes, el software de su Suite G-ONCE está basado en software libre: “Está disponible en nuestra web para la comunidad”. “De hecho, otras empresas trabajan para otras administraciones en toda España y usan ese software, que pueden modificarlo y mantenerlo”, agregó el citado portavoz.

La respuesta de la empresa adjudicataria choca frontalmente con el motivo por el que el jefe de Servicio de Informática del Parlamento justifica el uso del procedimiento negociado sin publicidad que ha dado lugar la adjudicación directa al único licitador.