La presidenta andaluza, Susana Díaz, anunció ayer que "en las próximas semanas" viajará a Bruselas para entrevistarse con varios comisarios de la Unión Europea, entre ellos, el de Asuntos Económicos, el socialista francés Pierre Moscovici, con el objetivo de mejorar la financiación que recibe Andalucía. Esta visita, que se desarrollaría después del Debate del estado de la Comunidad, convocado en el Parlamento el 15 y 16 de noviembre, se produciría seis meses después de que Moscovici visitara oficialmente Andalucía, el pasado 23 de junio.

El viaje a Bruselas será el segundo desplazamiento internacional previsto para las próximas semanas. Díaz volará este fin de semana a Londres para encabezar la delegación andaluza en la World Travel Market, una de las principales ferias de turismo del mundo. La presidenta andaluza avanzó su visita a la capital comunitaria durante el pleno del Consejo Económico y Social de Andalucía, reunido ayer en Sevilla, ante el que reiteró que la comunidad "se juega su futuro para la próxima década" con la negociación del nuevo modelo de financiación.

Una de las mejoras que la Junta reclama es el respeto al "principio de adicionalidad", que establece que la inversión que le corresponde al Estado en la comunidad autónoma no se debe sustituir con fondos comunitarios, como el Gobierno andaluz denuncia que ocurre en los últimos años.

La presidenta andaluza remarcó que su Ejecutivo ha "hecho sus deberes" al ser el primero que ha aprobado sus presupuestos para el 2018. Pero matizó que, a pesar de esta "estabilidad política", Andalucía no puede converger" con España y con Europa "si sigue castigada financieramente". "Hemos ido a peor en la aplicación del modelo actual y cada año ha sido más gravoso para Andalucía que el anterior", enfatizó.

La presidenta andaluza advirtió de otras amenazas para la convergencia de Andalucía, como la crisis catalana, "que va a afectar sí o sí no sólo a la economía catalana, sino también a la de toda España". También aludió a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que podría derivar en "una subasta entre territorios" por la que el reparto financiero se haga "según la representación política territorial" y no "en función de las necesidades de los ciudadanos y de los territorios".