La Fiscalía de Jaén archiva la denuncia por la grabación de Irene Sabalete

La Fiscalía de Jaén ha archivado las denuncias del Partido por la Libertad con las Manos Limpias y el Partido Popular contra la ex delegada de Empleo en esta provincia Irene Sabalete Ortega, a la que se atribuían delitos de amenazas y tráfico de influencias por haber instado a trabajadores de la Junta a hacer "campaña electoral" para las elecciones de 2012, dejando al lado incluso su trabajo. En el decreto de archivo, el fiscal Carlos Rueda considera que los hechos denunciados no constituyen ninguna infracción penal, ni son constitutivos de amenazas o tráfico de influencias.

El fiscal señala que el delito de amenazas exige para su apreciación la posibilidad del concreto mal que se anuncia y en el caso de las manifestaciones de Sabalete el mal que se anuncia a los trabajadores de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) es que "no van a seguir trabajando para la Junta, pero éste no depende de su voluntad ni por lo tanto tiene el dominio de su realización", dado que vincula la pérdida de sus puestos a la victoria del PP en las elecciones.

El representante del Ministerio Público añade que "más que conminarles con un mal cuya realización no depende de ella, les advierte de las consecuencias para su puesto de trabajo de que las elecciones no las ganara el partido del Gobierno (PSOE)" y por ello les exhorta en la grabación a "si queréis y os comprometéis con este proyecto" a que salgan a la calle para hacer campaña electoral.

"Sin perjuicio de los reproches que estas manifestaciones puedan merecer en otros ámbitos, las mismas no son constitutivas del delito de amenazas que se imputa en la denuncia, por cuanto la posibilidad concreta de lo que se estima es el mal anunciado no depende de la voluntad de quien realiza dicho anuncio", sostiene el fiscal.

En el caso del delito de tráfico de influencias, tampoco lo aprecia la Fiscalía, por cuanto esta infracción consiste en la "influencia ejercida por una autoridad o funcionario sobre otra autoridad o funcionario para conseguir de éste una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero". Y añade que aunque pueda entenderse que las manifestaciones de Sabalete tratan de influir en las conductas de los trabajadores, para que éstos realicen una actividad concreta el precepto penal exige que la influencia vaya dirigida a conseguir una "resolución" y esta expresión deja fuera del ámbito de este delito aquellas gestiones que "aunque ejerzan una presión moral indebida, no se dirijan a la obtención de una verdadera resolución".

El fiscal concluye que la "presión moral ejercida no se dirige a la consecución de una resolución beneficiosa, sino al desarrollo de una actividad de propaganda electoral a favor del partido gobernante", hecha además con la advertencia de "si queréis y os comprometéis con este proyecto".

El abogado Ángel Bordas, del Partido por la Libertad con las Manos Limpias, estudia denunciar ahora el caso en los juzgados.