La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer algo que ni la Junta de Andalucía, en su condición de perjudicada, ni la juez instructora habían planteado en torno a las irregularidades en el pago de prejubilaciones vinculadas con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de empresas en crisis. El Ministerio Público ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que imponga fianzas o acuerde embargos a todos las personas imputadas hasta el momento en la investigación para garantizar las responsabilidades civiles en caso de condena.

La cuestión adquiere más relevancia si se tiene en cuenta que hasta el momento la Junta de Andalucía no ha solicitado en vía administrativa a los denominados intrusos el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, con el riesgo de que algunas puedan incluso prescribir, dado que el plazo para reclamarlas es de cuatro o cinco años.

La medida cautelar solicitada por el Ministerio Público trata precisamente de garantizar la devolución de los importes "presuntamente entregados, comprometidos o bien percibidos de forma indebida", y se extiende no sólo a los denominados intrusos o falsos prejubilados, sino también a las entidades directamente beneficiadas dado que en algunos casos son las destinatarias de los importes -aunque figure una persona física como asegurada-. En este supuesto, el fiscal incluye a la Caja Rural de Granada, en una póliza de Álvaro Ruiz Mateos; la entidad Cespa, en relación con Rafael Ruiz García; y FCC Medio Ambiente, con el militante del PSOE Alejandro Millán.

Anticorrupción dice que la fianza también debe acordarse sobre aquellos imputados que, aunque no se ha acreditado que hayan percibido directamente cantidad alguna, "hay indicios de que han contribuido con su conducta a la percepción de las rentas y capitales indebidos", y amplía el requerimiento a las sociedades o entidades a través de las que intervinieron.

En la causa que investiga la juez Alaya hay actualmente imputadas 28 personas, entre ellas el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, el sindicalista Juan Lanzas, supuesto "conseguidor" de los ERE, y los ex directivos de la empresa pública mixta Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, aunque ninguno de ellos ha declarado aún. De hecho, sólo han comparecido en el juzgado la mitad de los imputados.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción considera que la adopción inmediata de estas medidas cautelares es "de interés para el buen fin de la investigación y del posterior enjuiciamiento" de los hechos, y recuerda que aunque la investigación está aún en una fase "embrionaria", lo que es "indudable es la existencia de un perjuicio manifiesto y grave en los fondos públicos de la Junta de Andalucía, ante la cuantía tanto de los pagos efectuados como de los ya comprometidos", un perjuicio del que deberán responder, en su caso, "no sólo las personas que como funcionarios públicos han permitido o favorecido que se abonen sino también los administradores de hecho o de derecho de las entidades perceptoras", en alusión a la existencia de ayudas directas a Ayuntamientos, empresas, asociaciones, fundaciones y otras entidades abonadas a través del IFA o IDEA.

La Fiscalía precisa que esas ayudas directas "no reúnen ninguno de los requisitos exigibles en cuanto a concesión y control del destino de una subvención dada con fondos públicos y de los que será necesario averiguar, caso por caso, las razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público o no de la ayuda, y por ende el destino final del dinero".

Anticorrupción recuerda que en esta causa se investiga "una trama organizada" para el abono de prejubilaciones a personas que "nunca habrían trabajado" en las empresas afectadas por los ERE o que acababan de incorporarse a las mismas, así como pólizas individuales para determinados beneficiarios autorizados por "responsable del Gobierno andaluza ajenos a los ERE".

La Fiscalía señala que los "intrusos" han obtenido un "beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas". En estas conductas también han participado empleados o directivos de entidades que han permitido y colaborado a la percepción indebida de estas rentas y que "ineludiblemente también deben responder de su conducta no sólo penalmente sino también civilmente".

El escrito pide que previamente a la adopción de las fianzas o embargos y con la finalidad de determinar el importe del "quebranto efectivo" en los fondos públicos, la Consejería de Empleo informe sobre los procedimientos de "reintegro iniciados y estado de los mismos", y de las órdenes a las compañías aseguradoras o entidades intermediarias para paralizar los pagos.