La Fiscalía de Málaga, tras analizar las pesquisas realizadas por la Policía Nacional sobre un posible fraude en empresas dedicadas a dar cursos de formación a personas desempleadas, considera que hay indicios suficientes para pensar que se podrían haber cometido tres delitos. Ayer puso una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que estaba de guardia, para que continúe con la investigación. En concreto, la Fiscalía cree que las irregularidades que se han detectado pueden conllevar los delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones.

Fuentes judiciales explicaron que la denuncia fue puesta en el juzgado 14 y que éste, tras incoar unas diligencias previas, se la pasó al juez decano para su posterior reparto, que tendrá lugar hoy. El juzgado que se quede con la investigación deberá tomar declaración a los posibles acusados y guiar los siguientes pasos para aclarar todo lo ocurrido. El Ministerio Público pide que el juez tome declaración en calidad de imputados y testigos a una serie de personas y además pide una serie de pruebas.

Por el momento, se está investigando a 20 empresas de formación por cursos realizados en el año 2010, de las cuales 17 son malagueñas y muchas de ellas ya han desaparecido o no constan por ningún sitio. La Fiscalía malagueña ha decidido trasladar la investigación de empresas de fuera de Málaga a sus respectivas fiscalías provinciales, como son los casos de Sevilla y Almería. La investigación remitida al juzgado decano se centra en las subvenciones del programa para el empleo con contratación en 2010 por un montante total de 1,7 millones de euros, aunque las fuentes han precisado que no toda esta cantidad ha sido irregular.

Todo se originó cuando la Seguridad Social detectó que no habían sido dadas de alta personas paradas que, en teoría, estaban realizando cursos de formación con el compromiso de ser contratados. Ante esta alarma, lo puso en conocimiento de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) y ésta se hizo cargo de la investigación. Un equipo se desplazó a Málaga y durante varias semanas interrogaron tanto a profesores de los centros investigados como a los supuestos alumnos para ver qué estaba ocurriendo. La Fiscalía inició las diligencias de investigación preliminares en mayo del año pasado, aunque la noticia saltó a todos los medios de comunicación a mediados de abril de este año. La Junta de Andalucía acusó al Ministerio del Interior de filtrarlo y éste lo negó.

Una de las empresas malagueñas que están siendo analizadas es Grupo Alce. Pilar Mata, responsable de formación de la compañía, ya aseguró el pasado 22 de abril a esta redacción que estaban "muy tranquilos" y que tenían toda la documentación en regla, por lo que se mostraron "indignados" por el hecho de que se vinculara a su empresa en todo este embrollo. Le habían comunicado que la Policía había interrogado a alumnos, pero nadie se había puesto en contacto de manera oficial con la empresa ni les habían pedido nada. Casi un mes y medio más tarde, todo sigue igual. "No tenemos noticias nuevas. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni tenemos ninguna notificación de nada. Estamos a la espera y no sabemos qué se está investigando o en qué fase se encuentra", aseguró ayer Mata.

Esta empresaria sí subraya que los investigadores han interrogado a alumnos y profesores. A estos últimos les preguntaron si estaban dados de alta, si cobraban lo que marca la nómina, si tenían la titulación necesaria para impartir los cursos, si acudían los alumnos a clase o si se les entregaba el material oportuno. Mata recalca que tiene la conciencia tranquila y que no ha cometido ningún delito. "Si hemos cometido algún tipo de fallo, que no lo creo porque está todo auditado y presentado, debe ser de carácter administrativo, pero estamos súper tranquilos porque, desde luego, no hemos cometido ningún fraude ni ninguna estafa", destacó.

La Junta de Andalucía concedía por adelantado hasta el 75% de la subvención, con cargo a fondos europeos, a las empresas que realizaran cursos para parados con un compromiso de contratación de, al menos, el 60% de los alumnos. Los investigadores creen que hay empresas que cogieron ese dinero pero que no llegaron a esos índices de inserción laboral o que, directamente, ni siquiera hicieron el curso. Esta redacción verificó que cinco de las empresas investigadas recibieron las ayudas públicas al poco tiempo de crearse y que varias de ellas ni siquiera habían presentando nunca sus cuentas en el Registro Mercantil.

El consejero de Educación, Luciano Alonso, salió el 29 de abril a dar explicaciones y aseguró que, hasta esa fecha, se habían abierto 56 expedientes de reintegro de las ayudas concedidas -uno de ellos a la escuela de hostelería La Cónsula-, pero que quedaban por visar 6.000 expedientes.