Andalucía

La Fiscalía reclama que se amplíe a 2005 la investigación de CCOO

  • Sospecha de nuevas "deficiencias en el control y justificación de las subvenciones"

La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla ha solicitado al juez que investiga las presuntas irregularidades en dos subvenciones de 600.000 y 400.000 euros concedidas en 2009 al sindicato CCOO una ampliación de la investigación a todos los convenios suscritos desde el año 2005 por la dirección general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta relacionados con la "mejora de las condiciones de trabajo".

En un escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, la Fiscalía argumenta esta ampliación en la "sospecha de que las deficiencias en el control y justificación de estas subvenciones se pudieran haber producido no sólo en el ejercicio denunciado, sino también en los anteriores". Según el Ministerio Público, las diligencias practicadas aportan "rasgos de verosimilitud a la sospecha que justifica la ampliación de las investigación que se solicitan". En concreto, el fiscal señala que una vez que han finalizado las diligencias acordadas por el juzgado, ha solicitado que se extienda la pericia a las subvenciones nominativas derivadas de los convenios suscritos con el sindicato desde el ejercicio 2005 relativos a la "mejora de las condiciones de Trabajo".

La petición del Ministerio Público se produce después de que en febrero pasado declararan como testigos dos interventores que analizaron las ayudas y las facturas, uno de los cuales dijo que las memorias justificativas eran mera "palabrería".

La denuncia inicial de la Fiscalía por estos hechos se remonta a octubre de 2012, cuando denunció a la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta Esther Azorit y al secretario de Organización y Finanzas del sindicato CCOO, Miguel Ángel Soto, a los que atribuyó la presunta autoría de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, en relación al destino y la justificación de dos subvenciones concedidas por la Junta por importes de 600.000 y 400.000 euros.

La primera de las ayudas fue concedida el 22 de mayo de 2009 e iba destinada a financiar acciones de "divulgación y sensibilización" en materia de prevención de riesgos laborales. La Fiscalía señaló al respecto que la entonces directora general de Seguridad y Salud Laboral Esther Azorit certificó el 9 de noviembre de 2009 que en esta subvención "ha sido aplicada parcialmente a la finalidad para la que se concedió, constando por tanto su cumplimiento parcial".

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