Da la impresión, después de escuchar a quienes están al tanto de las negociaciones que la Junta y el Gobierno llevan a cabo desde hace poco más de un mes sobre el plan de regadíos del Parque Nacional de Doñana, que sólo falta cuadrar las agendas para que ambas partes se sienten y, si se cumplen los deseos de la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmar el pacto con las marismas de fondo. La acumulación de actos durante los próximos días (investidura, premios Grammy en Sevilla y debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos en el Parlamento, donde también se vivirá una sesión de control) parece apuntar a que sólo falta ponerle el día y la hora al evento.

A ello contribuyeron las declaraciones de Ribera, con motivo del congreso del Partido Socialista Europeo en Málaga, en especial al reconocer que “estamos trabajando muy bien”. Con esa premisa expresó su confianza en que “estemos en condiciones de poder presentarlo en los próximos días el presidente de la Junta y yo misma”. La ministra añadió su confianza en escenificar ese acuerdo sobre la regulación de los regadíos en los municipios de la Corona Forestal al norte de Doñana, “también incluso visitando juntos el Parque”.

“Hemos estado escuchando las distintas propuestas, evidentemente, tomando muy en consideración las propuestas de los actores locales, trabajando con la Junta”, precisó la vicepresidenta sobre el contenido de esos encuentros, sobre los que nadie adelanta nada hasta que no se cierren de una manera definitiva.

En las conversaciones “han estado trabajando los equipos técnicos”, en alusión a las reuniones del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con los consejeros de la Presidencia, Antonio Sanz, y de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, así como con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.

Ramón Fernández-Pacheco en un acto en Almería.

Precisamente uno de ellos, el también portavoz del Ejecutivo autonómico, Fernández-Pacheco, no quiso ser tan optimista y apenas apuntó en una visita a Almería al trabajo “con ilusión y tesón” para llegar a un acuerdo que “todavía no se ha cerrado; lo cierto es que el acuerdo, a día de hoy, no existe. Ojalá que podamos anunciarlo pronto”. El consejero expuso que dicho acuerdo sería “bueno para Doñana”, pero que, para llegar a él, todas las partes tienen que ponerse de acuerdo: “Y eso todavía no ha sucedido”.

De vuelta a las manifestaciones de la ministra en funciones, Ribera añadió que “queremos asegurar que esa disponibilidad muy importante de recursos por parte del Gobierno de la Nación case bien con lo que es la sensación y la voluntad y las impresiones de los vecinos sobre cómo invertir para generar alimento”, convencida de propiciar que las iniciativas sobre Doñana de ambas administraciones “tengan sentido económico y social”.

“Hemos intentado perfilar ese acuerdo que desdobla los esfuerzos de una manera muy coherente”, señaló Ribera, quien argumentó que “trabajamos para el desarrollo económico y social, económico y territorial en la zona de influencia de Doñana”. Así, hizo referencia a los 356 millones añadidos a la actuación que presentó la propia vicepresidenta y ministra en noviembre del año pasado en Almonte, cifrada en 300 millones para “actuaciones ambientales en materia de restauración de biodiversidad, hábitats y agua”, antes de precisar que “creo que también será importante actualizar cómo estamos en todas esas intervenciones”.

Ribera también defendió que los recursos públicos aportados por las administraciones no sean sólo “transferencias de renta linealmente” y propicien “una capacidad de inversión y de absorción y de locación de actividades en el terreno”.

Un mes después

El pasado 3 de octubre, la Junta de Andalucía y el Gobierno central alcanzaron un acuerdo para abrir un diálogo sobre la regularización de los terrenos de regadíos de la corona norte de Doñana en la provincia de Huelva.

La primera medida derivada de este acercamiento de posiciones fue la de posponer la aprobación de la proposición de ley en el Parlamento andaluz, prevista para la siguiente semana. Este primer encuentro se produjo tras más de un año de “tiranteces” entre el Gobierno central y la Junta a raíz de la presentación de una proposición de ley en el Parlamento andaluz, a instancias del PP y Vox y que aún está pendiente de aprobación, para regular alrededor de 700 hectáreas que se encuentran en estos momentos fuera de ordenación.

Teresa Ribera, ayer en Málaga.

De lo poco de lo que las partes hablan sobre el contenido de estas conversaciones, es precisamente de la situación en la que quedarán los productores afectados. La intención de la Junta es la de contentar al mayor número posible de los mismos, ya que son plenamente conscientes de que no serán todos ellos. Según pudo saber este periódico de fuentes conocedoras de las conversaciones, el acuerdo con los productores es aceptado por la mayoría de ellos y cifran en poco más de una decena los que no estarían dispuestos a abandonar unas fincas que han heredado de sus antepasados. El Gobierno andaluz siempre ha mostrado su disposición a contentar a todos aquellos agricultores que estuviesen afectados por ese plan, aunque también es consciente de que, muy probablemente, algunos rechazarán el pacto.

Para conocer el resto del contenido del acuerdo habrá que esperar a que se produzca la firma efectiva, aunque la dotación para los municipios de la Corona Norte de Huelva, se antoja como el capítulo más importante a la hora de repartir esos 300 millones de euros.