El Presupuesto de 2022, la ley del Suelo y una nueva bajada de impuestos. Éstas son las tres leyes que el Gobierno andaluz necesita para completar su primera legislatura del cambio. Los intereses de Vox, más preocupado en provocar un adelanto electoral que en los próximos cambios, pueden dejar a medio completar este mandato de Ciudadanos y PP. De modo formal, Vox ha vuelto a romper las relaciones con el PP andaluz o, al menos, eso es lo que ha sostenido esta semana su líder, Santiago Abascal, pero el amago de ruptura se ha producido tantas veces que el Gobierno de Juanma Moreno seguirá con su esquema de intentar los acuerdos con sus aliados de la derecha.

El Gobierno cuenta en el Parlamento con otras iniciativas legislativas, como la ley que refuerza la autoridad de profesorado, pero las tres citadas culminarían un mandato que permitiría al presidente de la Junta, Juanma Moreno, convocar las elecciones a lo largo de 2022.

Desde un punto de vista ideológico, Vox no debería tener muchos problemas para aprobar la nueva ley del Suelo ni la bajada de impuestos. La nueva ley urbanística de Andalucía, LISTA por sus siglas, ya fue rechazada por Vox en una primera presentación, pero el Gobierno consiguió repetir la iniciativa y que volviera a tramitarse. Básicamente, la ley es una simplificación de una anterior que se aprobó con el interés de ralentizar el sector de la construcción poco antes de que estallase la burbuja. De hecho, parte de un texto que había sido elaborado por el último Gobierno socialista y vienen a suponer una enorme simplificación en la elaboración de los planes generales de los municipios.

La ley debe estar aprobada antes de que finalice el año, y cuenta con bastantes probabilidades de ello. La mayor parte de los alcaldes socialistas quieren este nuevo texto, y el nuevo líder del partido, Juan Espadas, sólo ha solicitado una mayor garantía de protección de los suelos protegidos y los situados en el litoral. Vox podría sumarse, pero la formación viene solicitando una exclusividad en su relación en con el Gobierno.

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, sostuvo este miércoles que "Moreno Bonilla está más cerca del PSOE que de Vox". "Si llegan a un entendimiento con ellos ", se refirió a los socialistas, "que no cuenten con nosotros". Lo que el partido solicita es que se cumplan todos los acuerdos del pacto de investidura y del presupuestario. 

El Presupuesto de 2022 es la iniciativa que cuenta con mayor riesgo de ser rechazado. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha explicado desde Jaén que en un plazo de dos semanas comenzarán las reuniones con todos los grupos políticos. Bravo tiene que ajustar las cuentas a un déficit máximo del 0,6%, aunque hasta ahora ha cumplido siempre con los objetivos marcados por el Gobierno central. Aunque para el próximo año no habrá un fondo extraordinario del Covid, el Ministerio de Hacienda ha perdonado a la Junta la devolución de 1.161 millones de euros de la liquidación de 2020. Además, aumentan las entregas a cuenta e ingresará 550 millones de euros del IVA.

En respuesta a Vox, Bravo ha defendido que el Gobierno andaluz "ha cumplido, no al cien por cien, pero sí en un porcentaje muy alto".

La segunda bajada de impuestos lleva la forma de la ley de reforma de los impuestos cedidos, que sí vino apoyada por Vox en forma de proposición desde el Parlamento. Incluye descensos en el tramo autonómico del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Para esta ley, el Gobierno no contará con el apoyo de los partidos de izquierdas. Una de las críticas que le han hecho desde la bancada socialista es que la mayor reducción en el IRPF se dará en el tramo ingresos mayores de de 60.000 euros al año, que pasará del 24,9% de 2019 a un 22,5% en 2023. 

Los tipos se reducirían a cinco, desde el 9,5% al 22,5% para 2023. El impuesto de las herencias, que prácticamente está bonificado, también se quedaría en la mínima expresión para hermanos y sobrinos.

La ley de refuerzo de la autoridad del profesorado no es de las consideradas vitales por el Gobierno, pero sería una de las más importantes de las impulsadas por Ciudadanos. La ley otorga la presunción de veracidad a los educadores, y les presta asistencia jurídica y psicológica en caso de conflictos.