Que las manifestaciones del presidente del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber sobre que el comisario de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, le estaba haciendo la campaña a Pedro Sánchez no se iban a quedar ahí, era una apuesta ganadora. Apenas unas después de que el primero asegurara que “vemos al comisario con una camiseta roja” tras sus declaraciones después de reunirse con el consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco y decirle que su plan de regadíos en Doñana iba “en sentido contrario” a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el presidente del Gobierno, dos ministras, el presidente del PP y su portavoz en el Congreso, tomaron la palabra.

Lo cierto es que pocas veces se recuerda una utilización de las instituciones europeas para asuntos de política nacional. Sólo en este contexto cabe entender la pronta y contundente respuesta de la Comisión Europea que insistió en su papel “estrictamente institucional” en la gestión del expediente de Doñana.

“La Comisión aquí está en su papel de gestión de un expediente” y el papel del Ejecutivo comunitario “es estrictamente institucional”, recordó el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, quien añadió que “nunca reaccionamos a declaraciones de responsables políticos”, para añadir a continuación que la presidenta de la Comisión, la conservadora Ursula von der Leyen, “tiene confianza en el conjunto de miembros de su colegio”.

El portavoz comunitario de Medio Ambiente, Adalbert Jahnz, recalcó que el expediente sobre Doñana “es un proceso legal” que la Comisión gestiona como “guardiana imparcial de los Tratados”.

A lo largo del día las declaraciones cruzadas entre los representantes del Gobierno y del primer partido de la oposición se sucedieron con el papel de la institución europea como justificante.

Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a los populares de “deslegitimar” a la Comisión Europea, a través de unas acusaciones de “extraordinaria gravedad”, ya que “dañan la imagen de España” ante ellas. “Ya está bien”, exclamó el jefe del Ejecutivo que añadió que “estamos ante una oposición a la deriva”. “Las sentencias judiciales se acatan y la reputación de España, se defiende”, añadió el presidente para acusar a los populares de “saltarse a la torera” las sentencias judiciales sobre Doñana.

Poco antes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, le había dado la vuelta a la situación y denunció “la utilización que está haciendo el Gobierno de España de las instituciones europeas para atacar a una comunidad autónoma gobernada por el PP, en plena campaña electoral” y calificó la decisión de sus representantes en Bruselas como “absolutamente acertada”.

El presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, menos explícito, respaldó a su homólogo europeo, Manfred Weber y aseguró que “su posicionamiento, ha de ser el que es”, para a continuación insistir en el hecho de que el Gobierno “utiliza todos los resortes para hacer campaña electoral”.

No fueron los únicos. Durante la mañana de ayer, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que “nunca he visto a nadie atacar a un comisario así, pero me parece muy grave que aquí se haga ahínco de ello, porque esto es un problema de desafío, de falta de confianza, de cuestionamiento de la legitimidad de la Comisión actual que no pasa desapercibido en Bruselas ni en ningún sitio”.

A su juicio es "absolutamente inadmisible" que se ponga en cuestión a las instituciones europeas, pero ha añadido que "desgraciadamente" en esta legislatura se ha pretendido "deslegitimar al Gobierno de España" y ahora los populares dan "un paso más" haciendo lo mismo con las instituciones europeas y añadió que "honestamente" le parece un hecho "muy grave" que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo haga declaraciones "tan agresivas" para con la Comisión Europea.

Más contundente todavía fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien confesó que "no salgo de mi asombro. Cuando una cree haberlo visto todo se encuentra reacciones que no se corresponden con un partido de Estado". Desde su punto de vista, al cuestionar incluso a la "propia Comisión Europea y sus pronunciamientos" el PP "pone en solfa el proyecto colectivo de construcción de Europa" y añadió que le parece "absolutamente fuera de lugar" que se cuestione "el criterio de un comisario y de la Comisión Europea cuando no se corresponde con tu voluntad política". "Todos tenemos que aceptar las reglas del juego".

A juicio de Montero, lo que está haciendo el PP es "cuestionar el propio sistema democrático". "No todo vale en política por intentar conseguir el poder a toda costa y de cualquier manera. El PP debería hacer una reflexión porque ha sobrepasado todas las líneas rojas de la decencia política", ha aseverado el portavoz.

Sobre el fondo de las manifestaciones del comisario de Medio Ambiente, es decir que el nuevo plan de regadíos contraviene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que obliga al Gobierno español a proteger el espacio natural y que el lituano considera que se pone en cuestionamiento con la proposición de ley, Teresa Ribera dejó sobre la mesa la idea de que "cuando uno se equivoca es mucho más fácil corregir el error que se ha cometido", e instó al presidente andaluz, Moreno Bonilla a retirarla.

Para la responsable de temas medioambientales del Gobierno central, se trata de que éste tiene obligación de cumplir una sentencia que condena al Reino de España y por ello no ve "aceptable" ni está dispuesta a ceder a la propuesta de diálogo "sobre una ilegalidad" que va en sentido contrario a tal sentencia. Si bien apostilló que "sobre eso no hay posibilidad de diálogo", ha asegurado que "nunca" se ha denegado el diálogo con la Junta de Andalucía sino "todo lo contrario", pero no aceptará negociar "algo que es innegociable".

Ribera mantiene en el recuerdo una conversación con el presidente de la Junta con quien reconoció que habló  hace un año cuando le dijo "una cosa y ha hecho la contraria" en el marco de la situación de Doñana. Con respecto a la propuesta lanzada por Alfonso Guerra respecto a la posibilidad de permutar terrenos de regadío para alejarlos del entorno de este enclave protegido, la vicepresidenta dice que no entiende de qué está hablando ahora la Junta de Andalucía si de una "operación especulatoria" para que "haya señores que oferten su suelo recalificado como regadío a un mayor precio para que el Estado asuma esa compra".

En todo caso, ha reiterado que es preciso concentrarse en resolver los problemas y ejecutar la sentencia, en vez de desviar la atención con nuevos problemas al hilo de la proposición de ley que se debate en el parlamento andaluz.

Respecto a sentarse con la Junta de Andalucía, ha criticado que esta administración autonómica haya "despreciado" los cauces formales; al Consejo de Participación de Doñana, cuyo informe ha infravalorado; las competencias del agua así como a otros actores, organizaciones y ha quebrado la legislación vigente establecida en el plan hidrológico del Guadalquivir y "la confianza y la relación" con el Ministerio para la Transición Ecológica. "Es muy difícil, no se puede aceptar a hablar de lo que no tiene margen de negociación ninguna. De todo lo demás estamos encantados de hablar, porque de hecho, necesitamos hablar", ha sentenciado.

Por tanto, ha reiterado en que "obviamente" no admitirá enmiendas ni discusión política sobre lo que es ilegal y llevaría a una condena y una complicación adicional con la Unión Europea, con la UNESCO, con las exportaciones de los agricultores y con la reputación de España".