La pretensión de la Junta de Andalucía de eludir la negociación bilateral con Cataluña en la reforma del sistema de financiación autonómica, parece haber encontrado un eco favorable en el Ejecutivo central, al menos en las manifestaciones de la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, quien apuntó directamente a un acuerdo multilateral entre todas las comunidades autónomas para poner fin a las reclamaciones de todas ellas por superar un sistema que debería haber sido modificado hace una década. Pese a todo, desde el PP andaluz, en boca de su secretario general, Antonio Repullo, insistió en la petición de explicaciones de “cuánto va a costar el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas para mantenerse en el poder”, a pesar de que las negociaciones todavía no se han abierto.

En su recogida de credenciales en el Congreso de los Diputados, la ministra portavoz del Gobierno en funciones abogaba en la idea ya conocida y compartida por todas las administraciones en abordar la reforma del sistema de financiación autonómica desde el “diálogo con todas las comunidades”, en un contexto en el que existe el debate sobre una posible condonación de deuda a Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat señaló esta misma semana que no iba a aceptar nada fuera de una negociación bilateral con el nuevo Ejecutivo, toda vez que no “iba a ir de la mano de Ayuso o García Page en la reforma de la financiación”.

Rodríguez sí coincide con su compañera de Gabinete, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien calificó de “urgente” dicha reforma. El llamamiento al consenso terminó ahí, ya que Rodríguez reprochó al PP que “dejara pendiente” la actualización del sistema de financiación cuando tenía mayoría absoluta con Mariano Rajoy, por lo que cree que la reforma del modelo “lamentablemente no es un tema nuevo”.

Eso sí, ante las posibles pretensiones de los partidos independentistas de que el Gobierno asuma una parte de la deuda de Cataluña, la ministra portavoz, que no se refirió a una situación que no parece ser la más factible, toda vez que supondría si se hiciera a todas, una quita de 187.000 millones de euros, de ellos 25.000 correspondientes a Andalucía. No obstante, la portavoz en funciones sí que quiso dejar claro que cualquier reforma se debe acometer “en el contexto de diálogo con todas las comunidades autónomas”. También cree que esta reforma del sistema de financiación autonómica tiene que ir ligada de la actualización del modelo de financiación de las entidades locales, como ha reclamado el Gobierno en varias ocasiones.

El PP pide explicaciones

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, instaba al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, a que sea un “aliado” del Gobierno de Juanma Moreno, en la defensa de los intereses de Andalucía ante la posible reedición de un Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez si cuenta con el apoyo de partidos nacionalistas e independentistas.

Repullo preguntó al PSOE-A si ya sabe cuánto “va a costar a los andaluces” ese posible acuerdo de Pedro Sánchez con los partidos independentistas y nacionalistas para mantenerse en el poder, ya que a su entender ya se pueden intuir cuáles van a ser los “debes” de Pedro Sánchez a esos partidos de cara a lograr un acuerdo y que éstos ya han empezado a desvelar. “Sería un Gobierno de España muchísimo más débil de lo que es ahora y para el que Andalucía no va a ser una prioridad”.

“Queremos tener un conocimiento exacto y pleno de qué van esos pactos y cuál es la traducción negativa que pueden tener para Andalucía”, ha agregado el dirigente popular, quien ha alertado de que hay dos cuestiones fundamentales para esta comunidad, la reforma de la financiación autonómica y las medidas e infraestructuras hidráulicas para hacer frente al problema de la sequía, que hasta el momento no han tenido respuesta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que seguirán sin tenerla en caso de la reedición de un nuevo gobierno socialista”.

“Ya han dicho que la financiación autonómica va a volver a tener un parón y no sabemos si la política de bajada de impuestos de Moreno va a tener una respuesta negativa por parte de un posible nuevo Gobierno de Pedro Sánchez”, añadió Repullo quien pidió “al PSOE andaluz que por una vez sea claro y contundente: Que sea claro ante los posibles pactos que pueda alcanzar Pedro Sánchez para seguir en el poder y que sea contundente a la hora de reclamar lo que necesita Andalucía”.

En su opinión, Espadas y el PSOE-A tienen que darse cuenta, “y todavía no lo han hecho en estos últimos casi cinco años, de que uno de sus objetivos tiene que ser defender los intereses de los andaluces”, y que en ese cometido debería convertirse en un “aliado del Gobierno de Juanma Moreno”. “Aunque no le guste el Gobierno de Juanma Moreno, debería ser un aliado para sacar adelante aquellos proyectos y necesidades que son urgentísimas para nuestra tierra y que necesitan el apoyo y la alianza tanto de los que te votan como de los que no te votan”.

A su juicio, el PSOE de Juan Espadas tiene que hablar claro a sus votantes y a todos los andaluces sobre cuál será su posición ante un eventual nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, y debería ser “contundente” a la hora de sumarse a las reclamaciones “sensatas y honestas” de la Junta al Ejecutivo de la nación en defensa de los intereses de Andalucía.

Vox pone sus límites

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, aseguró que la postura del PP andaluz en relación a una posible reforma del sistema de financiación autonómica anunciada por el Gobierno de Sánchez, pone de manifiesto “los 17 PP diferentes que tenemos en España, donde cada uno dice una cosa distinta y defienden posturas contrarias, buscando únicamente sus intereses y no el del conjunto de los españoles”.

Para Vox, la reforma del sistema de financiación autonómica anunciada por el Ejecutivo de Sánchez “no busca en ningún momento el equilibrio económico entre las regiones de España”, sino que “lo que realmente pretende es entregar más dinero a los separatistas, con lo que seguirá aumentando las desigualdades entre españoles dependiendo del territorio donde residan” y Gavira advirtió que cualquier planteamiento que se haga sobre la financiación autonómica “debe hacerse con perspectiva nacional y respondiendo a las necesidades reales de cada región”.