El Gobierno central y la Junta de Andalucía, el primero del PP y el segundo de la coalición PSOE-IU, siguen moviéndose estratégicamente en el tablero político, en una especie de baile donde cada paso tiene la intención de provocar el tropiezo del supuesto adversario. Pasada la temporada de otoño donde ambas administraciones apelaron a la lealtad institucional, ambos ejecutivos de distinto signo político han vuelto en los últimos días a lanzarse a la trifulca corporativa. Retomó las asperezas el jueves el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, con la amenaza incluso de una posible intervención si Andalucía sobrepasa el objetivo de déficit a final de año (1,5%).

La respuesta de la Junta se armó en la "discriminación" que, a juicio de sus dirigentes, infringe a la comunidad el Gobierno del PP a cuenta del dinero remitido por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Andalucía hizo una petición al alta, de 4.906 millones y el Gobierno le envió sólo un préstamo de 2.133 para solventar las deudas contraídas, por lo que el lunes la Junta comenzó la semana reclamando unos 1.100 millones más y censurando que a otras comunidades se les satisface en mayor porcentaje.

Al igual que el Gobierno regula a su antojo como una válvula el fantasma de la intervención, la Junta hace lo propio con el recurso de la discriminación, al que el Gobierno, por su parte, hace oídos sordos.

Porque menos de 24 horas después de la reclamación de la Junta, el Ministerio de Hacienda autorizó a Loterías a no proceder a la operación de endeudamiento por la que iba a dotar al FLA con 6.000 millones de los 18.000 previstos. Así el Ministerio cerró el primer FLA con asignaciones para nueve comunidades por 12.690 millones y deja a las comunidades sin la esperada pedrea de los fondos que no solicitasen las restantes comunidades. Era la tercera vía de financiación, que ya contaba con 8.000 millones de un crédito sindicado y otros 4.000 millones del Tesoro. Hasta el día 17 se habilitará la petición del segundo FLA, que espera contar con 23.000 millones y sobre el que Andalucía no se pronuncia por el momento.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, reclamó ayer información al ministro por ese "recorte" de los 18.000 millones que el Gobierno andaluz conoció con "sorpresa" por los medios de comunicación, según aseguró a los periodistas en un acto por la tarde la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, que pidió "prudencia" antes de confirmar que no habrá una aportación adicional y por lo tanto "será discriminada" con respecto a otras comunidades.

El cierre del Gobierno, de paso, da munición a la Junta para que se queje amargamente del trato de un Gobierno central que, por otra parte, no escatima en darle reveses. Ni cumplió con el porcentaje de financiación previsto en el Estatuto (tampoco lo hizo en su último año el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero), ni le concede un plan de empleo urgente como a Extremadura y Canarias.

Estas negativas le dan el guión hecho cada martes al portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde se aprobó el plan director de la bicicleta, acusó al Gobierno de la Nación de intentar "torpedear y boicotear" el proyecto político de los progresistas andaluces. No obstante, Vázquez afirmó que, aunque se ponga a Andalucía "contra las cuerdas", la Junta se mantendrá "firme" en sus reivindicaciones y solicitó de nuevo a los andaluces que se sumen al pacto que impulsa el presidente Griñán contra estos "castigos".