Hacienda acusa a un promotor de sobornar con 1,6 millones a Gil y Roca

Técnicos de la Agencia Tributaria afirmaron ayer durante el juicio por el caso Malaya que el promotor Tomás Olivo pagó una comisión de 1,6 millones de euros a Jesús Gil, su primer teniente de alcalde Pedro Román y al ex asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, para que el Ayuntamiento le cediera la parcela de suelo rústico municipal en la que levantó el centro comercial La Cañada. Los técnicos de Hacienda explicaron que este presumible soborno se hizo llegar simulando una operación inmobiliaria con los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor.

El 5 de mayo de 1994, Pedro Román y Tomás Olivo, en nombre de la promotora Emasa, firmaron el convenio de cesión de suelo municipal. El acuerdo obligaba al empresario a realizar obras futuras para el municipio, que son objeto de otro procedimiento judicial. Al tiempo que sellaba el convenio, Olivo rubricó un derecho de compra de unos suelos en Murcia con Roadhouse, firma vinculada a los acusados Carlos Sánchez y Andrés Liétor. El dueño de La Cañada les entregó a cuenta 1,6 millones de euros, pero posteriormente "dejó decaer" su derecho, la venta no se produjo y el dinero entregado no se devolvió.

Así, se escondía un presunto cohecho por el que 120.000 euros "se entregaron a Marbella Sierra Blanca", promotora vinculada a Pedro Román, un contable del Club Financiero, sociedad del ex alcalde Jesús Gil, recibió su parte del soborno en tres entregas, y Roca, en cuatro, mientras que Sánchez y Liétor cobraron "una comisión" de 18 millones de euros.