El Ministerio del Interior actualizó hace menos de un año el plan antiterrorista, para mejorar las respuestas ante posibles atentados y conseguir una vuelta a la normalidad cuanto antes. Uno de los ejes del nuevo plan era precisamente prevenir acciones perpetradas por lobos solitarios y pequeñas células formadas por dos o tres personas, pues este es el tipo de ataque que se está dando con más frecuencia en Europa en los últimos años. Todo apunta a que el autor de los atentados de Algeciras actuó solo.

En febrero de 2022, Interior aprobó el Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista (PPPyRA), una estrategia que actualiza el plan antiterrorista aprobado en 2005. Este dispositivo se revisó en 2009 y en 2015. Ahora, el nuevo plan incorpora las directrices de la Estrategia contra el Terrorismo de la UE, revisada en 2017; de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, de 2019; y de la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en 2021 en relación al fenómeno de la radicalización de tipo yihadista. 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó entonces que el diseño del nuevo plan se adapta al riesgo que entrañan los modernos procesos de radicalización hacia diferentes tipos de extremismos violentos, en particular los de carácter yihadista, cuya principal expresión son las acciones violentas protagonizadas por los llamados actores solitarios y por grupos o células autorradicalizadas.

Decía Interior que esta realidad "aconseja revisar las medidas contempladas en los anteriores planes antiterroristas para orientarlas de manera más eficiente a la detección y anticipación frente a este tipo de acciones, así como para articular una respuesta coordinada y eficaz en los casos de atentados. 

El nuevo plan mantiene los cinco niveles actuales de riesgo, en el que el 1 es riesgo bajo y el 5 muy alto, pero articula una nueva "respuesta operativa coordinada, integral y proporcionada a los riesgos derivados de la amenaza terrorista, mediante el refuerzo de la coordinación policial y con otros centros sectoriales y entidades con competencias en seguridad". España actualmente en un nivel 4, que supone un riesgo alto de sufrir un atentado.

El programa tiene cinco objetivos. El primero de ellos es la prevención, para lo que impulsa acciones preventivas destinadas a detectar, seguir y desactivar el fenómeno terrorista en su origen, para dificultar la aparición y proliferación de procesos de radicalización. 

El segundo es la protección, mediante el refuerzo de los dispositivos de seguridad, para reducir posibles vulnerabilidades y minimizar las oportunidades de cometer ataques. El plan dedica esfuerzos a preservar objetivos sensibles como instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información, sobre los que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales, así como centros y organismos públicos u oficiales y cualesquiera otros, cuya destrucción, ataque o degradación suponga un daño importante. 

El siguiente fin es la persecución de las organizaciones terroristas. El plan desarrolla las capacidades policiales de análisis y valoración del riesgo, así como las de dirección y coordinación, para aprovechar mejor la labor de inteligencia que realizan las Fuerzas de Seguridad en sus respectivos ámbitos de actuación. El último objetivo es la respuesta a los ataques, mediante una serie de procedimientos operativos de coordinación que minimicen sus consecuencias y favorezcan el restablecimiento de la normalidad.  

Es en el ámbito de la respuesta tras un ataque o la comisión de un atentado terrorista en el que se centran las principales modificaciones del nuevo plan, que diseña nuevos procedimientos para identificar, localizar y capturar a los autores, así como para favorecer una pronta recuperación y vuelta a la normalidad ciudadana e institucional.

El plan prevé que, en los supuestos de atentado terrorista en España, o en el extranjero si son contra personas o intereses nacionales, se reunirán de inmediato una mesa de coordinación y otra de evaluación de la amenaza. La principal novedad es que esta mesa de coordinación tendrá un carácter reforzado para que pueda coordinar la ejecución y el desarrollo de los planes de respuesta sectorial antiterrorista, movilizar los recursos de cada cuerpo policial o institución participante en el plan y activar los servicios de asistencia a las posibles víctimas e identificación de las personas afectadas.

Dicha mesa estará integrada por la Secretaría de Estado de Seguridad y su Dirección General de Coordinación y Estudios, la Policía Nacional, la Guardia Civil (y las policías autonómicas en el caso de que el ataque se produzca en algún territorio con las competencias de seguridad ciudadana transferidas, en una decisión que ha causado cierta polémica), el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la de Relaciones Internacionales y Extranjería, la de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y las unidades o servicios de coordinación de crisis de los que dependan infraestructuras de transporte o de naturaleza cuando se considere conveniente. 

En caso de atentado, se constituirá un Centro de Gestión de Crisis Territorial hasta que se produzca la localización y detención de los autores y la reducción del riesgo provocado por la acción terrorista. Estos centros territoriales garantizarán la actuación conjunta, cohesionada y coordinada de la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios de protección civil y las entidades asistenciales, en colaboración siempre con la administración autonómica y local correspondiente. En estos centros territoriales se integrará también la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo para garantizar la asistencia integral a las víctimas.