La Junta y el Gobierno firman esta mañana el acuerdo que pone fin a dos años de conflicto por la ordenación de terrenos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Casi dos meses después de comenzaran las conversaciones entre las dos administraciones, serán quienes anunciaron el inicio de las mismas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera quienes visitarán en Parque Nacional de Doñana para rubricar la firma. De esta manera se dará por cumplida uno de los anuncios por la recientemente reelegida vicepresidenta que el pasado día 9 expresó su deseo de una visita a la zona  para sellar el pacto. Así será.

Por el momento, no hay detalles acerca de los pormenores del pacto, es decir, los criterios de reparto de los más de 350 millones de euros que el Gobierno central pone sobre la mesa. Esta cantidad pretende buscar una compensación a los propietarios de los terrenos afectados. Además, pretende articular una serie de medidas que supongan el desarrollo de medidas socioeconómicas para todos los agentes del entorno del Parque y, especialmente, de los municipios afectados, esto es, Moguer, Bonares, Rociana del Condado, Almonte y Lucena, la localidad que más hectáreas tiene dentro de las que estaban afectadas por la proposición de ley presentada por PP y Vox.

Tal y como adelantó este periódico el pasado sábado, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, reconocía que había “avances significativos” en las negociaciones y que el acuerdo iba a ser “mucho más ambicioso de lo que estaba previsto”. Será esta mañana cuando se conozca, por ejemplo, el número de hectáreas afectadas (que en un principio se estimó en unas 750, aunque pudieran superar el millar) e incluso la cantidad económica que el Ejecutivo central tiene previsto destinar a la implementación del acuerdo. Aunque en un principio es estimaba que pudiera estar en el entorno de los 350 millones, fuentes conocedoras de las conversaciones no descartan que esté más cercana a los 400 millones de euros los que al final se destinen a la puesta en marcha del plan.

De hecho, tal y como adelantó este periódico, fuentes del Ejecutivo confirmaron que las dos líneas en las que se trabajan pasan por la “renaturalización de la zona”, es decir, medidas que devuelvan el entorno a su estado natural y sin afectación alguna al acuífero y por “un importante paquete de medidas económicas que ayuden al desarrollo de toda la zona”.

Todas las partes guardan un mutismo absoluto sobre los detalles que incluirá el plan que será presentado también al Consejo de Participación de Doñana que está previsto que se reúna a partir de las 11:30 de hoy. La entidad está presidida por Miguel Delibes, una de las voces más críticas contra la proposición de ley ahora en suspenso en el Parlamento de Andalucía y en la que el consejero de Medio Ambiente de la Junta y portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, ejerce como vicepresidente.

Reacción ecologista

Ayer, otra de las voces más críticas sobre el plan que la Junta pretendía aprobar, el coordinador de la Oficina Técnica de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, apuntó al cumplimiento del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014, como una de las claves para articular el acuerdo. Carmona asegura que el pacto debe pasar “por el cumplimiento de las normas que nos regulan y por impedir de que este año salga al mercado una fresa ilegal”, algo que, en su opinión, “sería impensable teniendo en cuenta que se pone en marcha este nuevo plan”.

Desde la organización ecologista se señala el camino hacia “un nuevo marco para el desarrollo socioeconómico en la comarca de Doñana que no pueden basarse en premiar aquellos que han venido cultivando ilegalmente, robando agua y haciendo una competencia desleal a los a los agricultores legales”.

Así, apuesta por la aplicación de “un marco que no puede contener medidas de compra de fincas, de permuta de fincas ilegales ni ningún tipo de beneficio para aquel que ha estado robando agua y haciendo la competencia desleal a los agricultores legales”. “Esperemos que las medidas permitan un nuevo entorno de desarrollo y, sobre todo, pongan fin a lo que ha sido todo este proceso que hemos tenido; tiene que ser un punto y final y, como digo, este año las administraciones tienen que trabajar para impedir que se plante una sola hectárea de fresa ilegal porque si no estaremos mandando un mensaje muy negativo nuevamente y se daría una sensación de impunidad bastante grande”.

Desde enero de 2022

Con el acuerdo que se firme hoy se pone fin a más de dos años de enfrentamiento político e incluso institucional entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. En concreto, este desencuentro comenzó oficialmente el 17 de enero del año pasado. Esa fecha, el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía recogía dos proposiciones de ley: una presentada por PP y Ciudadanos y otra (la misma) rubricada por PP y Vox. La convocatoria de elecciones autonómicas hizo que decayera la misma y que fuera necesario el comienzo de todo el proceso desde el inicio.

Ha sido este año cuando las posiciones se han encallado desde el primer momento e incluso han llegado a descalificaciones personales, como aquellas declaraciones de Teresa Ribera definiendo a Juanma Moreno como “un señorito andaluz” que defendía una “postura gamberra”.

La intervención de la Comisión Europea y de su comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičcius, que afeó la iniciativa ante el consejero de Medio Ambiente de la Junta en una visita de éste a las instituciones en las que pretendía explicar la iniciativa del Ejecutivo andaluz, fue uno de los puntos en los que el enfrentamiento traspasó las fronteras nacionales. El otro fue la amenaza de la Unesco que avisó que, de seguir adelante con la proposición, peligraría la declaración del Parque Nacional como Patrimonio de la Humanidad.

Los límites andaluces fueron sobrepasados también desde el comienzo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez aprovechó la convocatoria de las elecciones municipales para arremeter contra la Junta de Andalucía con su sentencia, “Doñana no se toca”. El presidente del Ejecutivo, visitó el Parque Nacional el pasado mes de abril, a un mes de la convocatoria electoral para tratar de capitalizar un rédito electoral que resultó un fracaso. El PP recuperó varios de los municipios de Corona Norte de Huelva y de toda la provincia, incluida la capital onubense lo que les llevó a controlar la Diputación provincial.

La siguiente fecha a retener es la del mes de diciembre del año pasado, cuando Teresa Ribera se desplazó hasta la localidad de Almonte para anunciar la puesta en marcha de una serie de inversiones que totalizarán un montante de 356 millones de euros. Alguna de sus iniciativas ya han sido puestas en funcionamiento como las de depuración de las aguas y las canalizaciones para el momento en el que se apruebe el trasvase desde el Tinto-Odiel-Piedras.

Todas estas cifras concluyen el pasado 3 de octubre, cuando un encuentro en el Palacio de San Telmo entre Ribera y Moreno, supone el inicio de unas conversaciones que derivan en la paralización de la proposición de ley que estaba a falta de las votaciones en el Parlamento de Andalucía para su aprobación. Mañana, todo este proceso quedará terminado de manera definitiva con el acuerdo que firmarán en el Centro de Visitantes La Rocina de la aldea de El Rocío en Almonte entre Juanma Moreno y Teresa Ribera tras una esperada visita al Parque.