El plazo que se dieron la Junta de Andalucía y el Gobierno central para alcanzar un acuerdo definitivo sobre la ordenación de suelos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, va a duplicarse sin haber conseguido cerrarlo. A pesar de todo, ninguna de ellas parece dispuesta a darlo por roto De hecho, tal y como ha podido saber este periódico, la intención de las dos administraciones es poder anunciar su firma antes de final de mes. Cabe recordar que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, coincidirán en la Cumbre del Clima en Dubái que tendrá lugar entre el 30 de este mes y el 12 de diciembre, aunque tampoco se descarta que se produzca incluso unos días antes de la fecha de inicio.

Las mismas fuentes señalaron que la intención del Ejecutivo central pasa por suscribir “un acuerdo muy ambicioso” que pasará de manera ineludible por la “renaturalización del Parque Nacional”, así como por la puesta en marcha de un “potente paquete de medidas económicas para el desarrollo de la zona a través del fomento de actividades empresariales, siempre plenamente sostenibles” y que, por lo tanto, no supongan ninguna afectación a los recursos del espacio natural.

En este sentido cabe entender las declaraciones del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que reconoció ayer que es “optimista” sobre un acuerdo con el Gobierno central, puesto que se están produciendo “avances”, algo que le permitió asegurar que el pacto negociado entre ambas administraciones “es mucho más ambicioso” del que se planeó.

En este sentido Sanz indicaba que las reuniones se siguen produciendo y que no tiene “nada que traslade en este momento un mensaje negativo ni mucho menos peligroso en relación con las negociaciones” e indicó que “estamos ante un asunto muy complejo técnica y jurídicamente” y las peculiaridades “son muchas porque se trata de una zona muy amplia”.

“Todo esto requiere mucha dedicación y los contactos y reuniones se desarrollan con normalidad y además con avances y con optimismo para seguir trabajando”, añadió Sanz, quien quiso dejar claro que la Junta se va a “dejar la piel para intentar lograr un acuerdo”. “Los avances se producen y el optimismo quizá sea la fotografía del momento”, señaló el consejero y apuntó que hay que culminar la “faena y ver si es posible”.

Asimismo, consideró que el hecho de que Teresa Ribera y Luis Planas continúen, en el nuevo Gobierno central, al frente de los ministerios con los que negocia la Junta ha evitado que se tuviera que empezar “de cero” en la negociación. En este aspecto, coincidió con el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco que en el Consejo de Gobierno del martes pasado, recordó que la Junta había esperado a que estuviera conformado el Gobierno y, una vez confirmada la presencia en el gabinete de Teresa Ribera, llegaron a la conclusión de que “hubiera sido mucho más complicado comenzar todo desde el inicio, a pesar de que se negocia con el Gobierno, “no con personas concretas”.

En cualquier caso, según Antonio Sanz “lo que estamos trabajando es mucho más ambicioso de lo que inicialmente se planteó y creo que merece la pena y vamos a intentar alcanzar ese acuerdo” y añadió que no es partidario de ir “radiando” las negociaciones, una posición que se mantiene desde el inicio de las mismas.

Hay que recordar que, tal y como informó este periódico, el Gobierno andaluz y el Ministerio de Transición Ecológica habían pasado por una etapa de desconfianza especialmente después de conocer la primera postura oficial del Ejecutivo central, que no contenía compromisos concretos. Este desencuentro llegó a tal punto que el grupo popular se llegó a plantear la reactivación de la proposición de ley sobre nuevos regadíos en el Parlamento, donde quedó en suspenso cuando sólo quedaba su inclusión en el orden del día y su votación.

El Gobierno andaluz había rechazado una primera propuesta de convenio por considerarla poco más que una declaración de intenciones, las negociaciones con el Ministerio entran en una etapa de concreción de la enorme complejidad jurídica de cada caso, por lo que ambas administraciones ya no se han marcado un límite temporal. Uno de los asuntos que enfadó a la Junta fue la alusión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó durante la sesión de su investidura, cuando se arrogó la defensa del espacio natural en contra de las pretensiones autonómicas.

La posición en la que quedarían algunos de los propietarios de los terrenos afectados es el principal escollo para la firma del contrato. Al parecer, no hay problema alguno con los grandes propietarios de suelos, aunque sí se han encontrado reticencias entre aquellos que explotan esas parcelas y que las heredaron de sus antepasados. Esa compensación y el deseo de la Junta para contentar al mayor número posible de afectados posibles, pese a que son conscientes de que no será a su totalidad, es lo que falta por cerrar y tanto Junta como Gobierno esperan poder convencer a los últimos a lo largo de la próxima semana.