La Junta de Andalucía quiere ir "de la mano del Gobierno de España" para conseguir que se levante el veto impuesto a la pesca de arrastre en caladeros de más de 400 metros de profundidad. Una medida que afecta a 600 pescadores de la comunidad autónoma y tendrá un impacto de 112 millones de euros en la economía andaluza, ha detallado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha asegurado este martes que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tiene "todo el apoyo" del Ejecutivo andaluz "en sus gestiones para conseguir una moratoria del reglamento mientras la Justicia europea se pronuncia sobre el recurso que el Reino de España va a presentar". 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reunió este lunes con representantes de la Comisión de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, a los que "trasladó su rechazo absoluto y rotundo" a dicho veto a la pesca de arrastre, pero desde la Comisión se le transmitió que no se revisaría el veto hasta finales de año. 

Desde Andalucía se denuncia que la decisión tomada por Bruselas está basada en informes de 2011, que no reflejan la situación actual de los caladeros. Por ello, la Junta ofrece al Gobierno la presentación de informes más actualizados para que los envíe a la Unión Europea y se puede cambiar la decisión adoptada.

"Estamos convencidos de que, en esta materia, igual que en todas las demás, juntos vamos a ser más fuertes y Andalucía arrimará el hombro, contribuirá a que esos informes que tiene que enviar el Reino de España se hagan con la máxima celeridad y exactitud para conseguir ese fin en beneficio de la pesca de arrastre andaluza", ha aseverado el consejero.

El veto afecta a 41 zonas de pesca en el territorio nacional. El 25% de la flota española perjudicada es andaluza: 126 barcos y 600 pescadores. En Ayamonte e Isla Cristina, más del 60% de su flota arrastrera sufrirá las consecuencias de esta decisión si no es modificada.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, también ha urgido este martes al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a remitir a Bruselas informes científicos y socioeconómicos "actualizados" sobre el estado de los caladeros en aguas andaluzas antes de que el comisario europeo fije los TAC y cuotas de la pesca de arrastre del Mediterráneo, que en los últimos tres años "se ha reducido un 17%".

Luis Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la "firmeza" del Gobierno y la "mano tendida" a la Comisión Europea ante el veto europeo a la pesca de arrastre, que España recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pese a la rebaja de 87 a 41 de las zonas de pesca prohibidas.

"El Gobierno de España tiene una postura doble, por un lado de firmeza en el recurso que tenemos intención de interponer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otra parte, de mano tendida a la Comisión Europea para proceder sobre la base de unos datos científicos actualizados, que ya están disponibles y que serán completados en las próximas semanas para efectivamente revisar la decisión adoptada", ha señalado Planas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tras afirmar que España comparte medidas en materia de protección de los ecosistemas marinos sostenibles, Planas ha criticado, no obstante, la adopción por parte de la Comisión Europea de un reglamento ejecutivo que supone una decisión "sin fundamento científico cierto" y además con unos "errores graves".

El ministro de Agricultura ha explicado que en la jornada de ayer, justo un día después de la entrada en vigor del veto europeo, se ha registrado un funcionamiento "normal", con ajuste de capturas entre los distintos barcos de la flota en un contexto que el Gobierno está siguiendo "muy de cerca".

"No es posible hacer un balance sin por lo menos que pase una o dos semanas, estamos trabajando al mismo tiempo sobre el recurso a interponer ante el Tribunal de Justicia y estamos en contacto permanente con la Comisión Europea a este respecto", ha afirmado Planas.

Asimismo, el ministro de Agricultura ha desmentido afirmaciones llevadas a cabo en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y ha asegurado que España no solo ha facilitado "en tiempo y forma" todos los datos correspondientes, sino que la Comisión los tenía a la hora de adoptar esta decisión en el reglamento ejecutivo, lo que preocupa "especialmente" al Gobierno "teniendo en cuenta que de forma inmediata a principios del mes de diciembre estará disponible el nuevo informe científico". "Ahí esperamos efectivamente la revisión de la misma", ha añadido.