Un día después de que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía mantuvieran un acuerdo provechoso para acercar posiciones, la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura -la que tiene las competencias urbanísticas- anunció el recurso por lo contencioso administrativo contra el plan especial de la carretera de Palma del Río que establece el marco urbanístico para la legalización de las instalaciones de Colecor, propiedad del presidente del principal partido de la oposición (Unión Cordobesa), el empresario Rafael Gómez, Sandokán.

El asunto tiene enjundia tanto por razones urbanísticas como por las derivadas políticas entre el Consistorio y la Junta, entre el gobierno municipal y Unión Cordobesa y entre el PSOE consigo mismo. La impugnación se registró el pasado 28 de marzo y se anunció ayer.

Será la segunda vez que un plan especial de la carretera de Palma del Río tenga que pasar por los tribunales. El primero, fue rechazado expresamente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por una razón puramente formal -había sido elaborado por la iniciativa privada en vez de haber pasado por una formulación pública-. Este segundo contaba con un informe muy crítico pero no desfavorable por parte de la Delegación de Obras Públicas. La argumentación de la Junta, en manos de Luis Planas, concuerda con aquella visión técnica que fue orillada por Rosa Aguilar, que apostaba abiertamente por darle una salida a las naves de Colecor a cambio de una demolición parcial.

Hay un elemento de cierto interés en el caso. La Junta no impugna la totalidad de del plan especial, que afecta a 155 hectáreas, la mayor parte de ellas terrenos de labor. Al contrario, se centra en la zona donde tradicionalmente hubo industrias y, en concreto, en Colecor. Es decir, lo que recurre es la ordenación que el Ayuntamiento realizó de las propiedades de Rafael Gómez, las condiciones establecidas para el desarrollo de la legalización.