El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, sostuvo ayer que la Consejería de Educación inició la revisión de todos los cursos de formación para parados desde el año 2007 ante "las denuncias en los mentideros políticos", pero rechazó que el motivo fuera una declaración del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal implicado del caso de los ERE, ante la juez Mercedes Alaya. Guerrero había explicado que los cursos de formación constituían un segundo "fondos de reptiles", aún mayor que el de los ERE, según apuntó. Ante las insistentes preguntas de los periodistas, Vázquez explicó que la presidenta andaluza Susana Díaz había decidido dar un vuelco al método de concesión de los cursos de formación, que hasta entonces no requería de una concurrencia competitiva; la Consejería de Empleo se había convertido en un dolor constante para el entonces presidente Griñán a causa de los ERE, aunque ya entonces se habían trasladado las competencias de Formación Profesional a la Consejería de Educación.

Pero el 26 de septiembre de 2013, a los pocos días de que Luciano Alonso tomara posesión como consejero de Educación, la parlamentaria del PP Teresa Ruiz Sillero le preguntó por qué no revisaba cada uno de los cursos, caso por caso. Ruiz Sillero denunció en esa sesión, y así consta en el diario de sesiones del Parlamento, que el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda facturó 50 millones de euros entre 2009 y 2011, y que sólo en el caso de los cursos de Dephi, sus empresas manejaron 34 millones de los 64 totales. También mantuvo que la entonces directora general de Formación, Teresa Florido, era cuñada de este ex consejero del mandato de Rodríguez de la Borbolla. No obstante, la queja de la parlamentaria popular era doble, porque si bien denunciaba lo que ella entendía como un caso de corrupción, urgió al nuevo consejero a pagar las deudas a las empresas de cursos y a sacar una nueva convocatoria en 2013-2014.

Esto es, precisamente, lo que no hizo la Consejería de Educación. Como Susana Díaz había anunciado, la Formación Profesional iba a tener un nuevo marco legal, más estricto y público, por lo que, de momento, no han vuelto a concederse más cursos.

Luciano Alonso informó al Parlamento el 12 de febrero pasado que fue en noviembre, dos meses después de la denuncia de Ruiz Sillero, cuando comenzó a revisar todos los cursos desde 2007, fruto de ello es que, hasta ahora, hay 480 requerimientos de información a empresas y 56 expedientes de reintegro de la subvención, parcial o total. La Junta lleva siete meses investigando la concesión de estos cursos, que también están en el punto de mira de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (Udef), aunque, de momento, centrado en 17 empresas de la provincia de Málaga.

Hasta el momento, la Consejería de Educación, ni ayer el portavoz del Gobierno andaluz, han facilitado la cantidad de dinero que se le está pidiendo a las empresas subvencionadas por esos 56 cursos.