La Consejería de Hacienda se ha comprometido este viernes con los transportistas andaluces a estudiar la devolución del conocido como céntimo sanitario, por el que se grava el gasóleo como ya se hace en otras comunidades, según ha informado Fenadismer. El compromiso, ha indicado la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, a través de un comunicado, se ha producido en el marco de una reunión que han mantenido representantes de esta organización, entre ellos su presidente, Julio Villaescusa, y a la directora general de Tributos, Rosario Gómez.

En el encuentro se ha tratado el impacto que la aprobación el pasado junio del decreto por el que se incrementa el importe del céntimo sanitario hasta los 4,8 céntimos por cada litro de carburante consumido está suponiendo para las empresas transportistas andaluzas y la posibilidad de su devolución hasta en un 80 por ciento como se hace en otras comunidades. Villaescusa ha destacado que hay que tener en cuenta que el sector del transporte por carretera está configurado en más del 85 % por autónomos y microempresas que atraviesan "una situación económica muy compleja motivado por la disminución de la actividad debido a la crisis".

Además, las empresas transportistas andaluzas soportan la agravante de los mayores costes por la mayor distancia a recorrer en el traslado de las mercancías hacia el resto de España y de Europa. Por ello, Fenadismer ha reiterado su solicitud para que quede exento el transporte por carretera de la aplicación de dicho impuesto, de modo análogo a otros modos de transporte.

El presidente de Fenadismer ha explicado que la totalidad de comunidades autónomas que como Andalucía han aplicado el tramo máximo del impuesto (4,8 céntimos por litro) han acordado la devolución del impuesto a los transportistas, esto es Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria, Extremadura, Navarra y bajo un sistema diferente Cataluña. Por ello, Fenadismer ha advertido a la Junta de que lejos de alcanzarse el objetivo de recaudar más ingresos por el incremento del gravamen, podría implicar "una pérdida de ingresos de más de 30 millones de euros a las arcas autonómicas al obligar a los transportistas andaluces a repostar en otras regiones con menor presión fiscal".