La Junta se abre a estudiar la compra de terrenos en el entorno de Doñana
Espadas recuerda al presidente de la Junta que esa posibilidad se incluía en la proposición del PSOE
Teresa Ribera había previsto 100 millones para adquirir terrenos en el Plan Almonte
Pedro Sánchez exige a la Junta que retire la ley de regadíos de Doñana y Feijóo pide que no lo use como "disparadero electoral"
Las posiciones parecen tan enquistadas que cualquier salida, venga de donde venga, puede resultar una válvula de escape que ayude, por un lado a rebajar la tensión entre el Gobierno central y la Junta que inicie el diálogo entre ambos y, por otro, a encontrar una solución que, tras el varapalo recibido por el consejero de Sostenibilidad por parte del responsable de Medio Ambiente de la Comisión Europea, será más que bienvenida. En esta ocasión, el embrollo en el que se ha metido el Gobierno de Juanma Moreno con los nuevos planes de regadíos en el entorno de Doñana, ha encontrado su mejor aliado en Alfonso Guerra.
La propuesta lanzada al aire por parte del ex vicepresidente del Gobierno y presidente durante años del Patronato de Doñana en el aniversario de la Cepyme en Madrid, de permutar o comprar los terrenos afectados por el plan de reordenación presentado a comienzos de marzo por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía, no ha sido recibida con malos ojos ni por parte del presidente de la Junta, que en un programa televisivo se mostró partidario de escucharla, ni por el secretario general de los socialistas andaluces, Juan espadas, quien le recordó al primero que dicha alternativa ya estaba en la Proposición que presentó su partido en el Parlamento como alternativa a la primera de ellas.
Tampoco desde el Gobierno central, uno de los principales estiletes contra la decisión del Gobierno andaluz de respaldar la reordenación de los suelos agrícolas en el espacio de Doñana, se ha rechazado de plano. De hecho, en el plan presentado –oportunamente– por Teresa Ribera en el Consejo de Ministros de esta semana, se incluyen hasta 100 millones de euros para la compra de terrenos con derechos de agua.
La alternativa presenta dos opciones. Una primera en la que se comprarían directamente a los productores los terrenos que ahora dedican al cultivo de frutos rojos (habrá que decidir si su precio incluye la opción del regadío o no con la subida de precio que esto llevaría consigo) y la permuta de los mismos por otros más alejados del espacio natural de Doñana que también conllevaría la dificultad de conseguir nuevos derechos de agua para continuar con la producción. En cualquier caso, tal y como están las posturas de ambas administraciones y más aún tras la contundente respuesta de las autoridades europeas, la retirada de la Proposición parece el único camino mediante el que el Ejecutivo central se sentaría a negociar con la Junta.
“Reuniones discretas”
Sea como fuere, ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se mostró partidario de discutir estos términos en “reuniones discretas” con el Gobierno de la Nación para buscar “alternativas imaginativas” en torno a la regularización de regadíos en el Parque Nacional de Doñana, como la permuta de terrenos fuera del conocido como el preparque a los regantes que demandan ser legalizados para que puedan seguir con su actividad.
Moreno aprovechó también para pedir la “retirada del debate político” de la Proposición de Ley, al tiempo que lamentó el “nivel de decibelios e insultos” alcanzado en torno a esta propuesta. Igualmente centró sus críticas en que Pedro Sánchez “use” Doñana de forma “torticera” y como “estrategia electoral” para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.
Ante lo que calificó como “la callada por respuesta” por parte del Gobierno de Sánchez a “negociar alternativas” con las que “resolver el problema” de regantes “atrapados en cierta alegalidad”, Juanma Moreno insistió en que “no se puede construir el Parque frente al rechazo de la población”, defendiendo, en este punto, la protección ambiental con un desarrollo económico. “Un fino equilibrio”, para el que ha pedido “reuniones discretas” frente a lo que “quiere el Gobierno, que nos crucemos de brazos”.
El mandatario andaluz insistió en que el Gobierno de España “no tiene política de agua” y recordó que “en 35 años han permitido desórdenes” en Doñana. “Nosotros lo que queremos es ordenar”.
“Retirada de la ley”
Por su parte, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, reclamó al Gobierno andaluz, que “llega el momento de reconocer el gran error que cometió y parar”, puesto que a su juicio “la realidad es que se ha pasado de frenada”, a lo que ha demandado que “lo sensato es abandonar la Proposición de Ley”.
El líder de los socialistas andaluces demandó a Moreno que “se siente con la Administración del Estado, con los ayuntamientos, con los agricultores para buscar soluciones concretas, dentro del marco de la legalidad, con transparencia”, a lo que sumó un posible escenario como que “la Unión Europea plantea sanciones a España, a Andalucía que no nos merecemos”.
Espadas quiso recordar que esas “soluciones imaginativas” que el presidente de la Junta expuso “ya se encontraban en la Proposición No de Ley que le planteamos en el Parlamento”. “Tenía opciones de permuta, de adquisición de fincas para esos agricultores a los que quiere ayudar”, explicó Espadas, quien sostuvo que “la solución no pasa por incrementar las zonas regables”, antes de preguntar “por qué no leyó, por qué votó en contra” de esa iniciativa parlamentaria del PSOE.
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó en el Congreso que “lo razonable” y “lo sensato” es que el PP andaluz retire la Proposición de Ley y preguntada si va a llamar al presidente andaluz, Juanma Moreno contestó: “la otra vez llamé yo. Si él quiere llamar, que llame”.
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