La Junta pide tres años de cárcel para el ex futbolista Pizo Gómez por los ERE

El enredo jurídico que montó la Audiencia de Sevilla al decidir que haya un solo juicio para los 22 ex altos cargos investigados en el denominado "procedimiento específico", comienza a provocar situaciones singulares en la instrucción de la macrocausa de los ERE. Así, la Junta de Andalucía ha reclamado una condena de tres años de cárcel y diez de inhabilitación para el ex jugador de fútbol José Antonio Gómez Romón, conocido popularmente como Pizo Gómez, en relación con las pólizas suscritas para el Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre).

La acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha exculpado, en relación con esta pieza, al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, quien no obstante ya fue "excluido" recientemente por la juez María Núñez Bolaños, después de que la Audiencia estimara el principio non bis in ídem y lo dejara fuera de otras piezas, al estimar que el "procedimiento específico" ya incluye todos los hechos por los que puede ser juzgado este alto cargo en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos.

La Junta sí mantiene los cargos por Cenforpre contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, al que reclama una condena de cuatro años de prisión y 15 de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Sin embargo, Javier Guerrero ha solicitado recientemente a la instructora que lo excluya de esta pieza, en aplicación de los criterios de la Audiencia Provincial, por lo que lo lógico es que también quede fuera.

De las cinco personas inicialmente acusadas en la pieza de Cenforpre, sólo quedarían tres: el ex futbolista Pizo Gómez, el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, y su jefe, el ex director gerente de Cenforpre Miguel Errecalde Treviño.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Junta de Andalucía expone que el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero concertó "sin justificación" con Miguel Errecalde, la entrega de una cantidad de dinero mediante la suscripción de pólizas de rentas de supervivencias y de capital diferido, en las que aparecía como tomadora la Junta de Andalucía, a través de la dirección general de Trabajo, y como beneficiario José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, empleado de Cenforpre.

Esta empresa realizaba programas de formación para la Junta y venía cobrando dichos servicios mediante transferencias bancarias. Según las diligencias practicadas, los últimos cursos realizados -en concreto un proyecto de divulgación de riesgos laborales iniciado en 2004 y finalizado en 2006- "no pudo pagarse por falta de presupuesto", por lo que Guerrero "propuso a Miguel Errecalde el pago de dichos servicios mediante una póliza de rentas", precisa el escrito de acusación de la Junta.

Para ello era necesario que apareciera como beneficiario una persona física y en ese momento Miguel Errecalde propuso al ex futbolista que fuese él "quien aparezca como beneficiario de la póliza para cobrar los servicios".

Pizo Gómez aceptó y percibió un total de 491.424,43 euros que, según declaró ante la Guardia Civil, utilizó para "avalar un préstamo de 500.000 euros que solicitó a la Caja Rural de Navarra para pagar una deuda a Hacienda, pagando este préstamo con los ingresos que percibía de la póliza" y habiendo devuelto a Errecalde unos 200.000 euros.

Según declaró Javier Guerrero, la utilización de este sistema, el uso de pólizas para resolver estos asuntos es un "método conocido y consentido" por el entonces consejero Antonio Fernández, aunque la acusación particular que ejerce la Junta no considera que pueda atribuirse ningún delito prevaricación y malversación de caudales públicos a este ex alto cargo en relación con las ayudas a Cenforpre.