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Andalucía

La Junta lleva más de 1.700 millones en planes de empleo exprés durante la crisis

  • El Gobierno andaluz concatena programas e instrumentos de ingeniosos nombres sin una ruta definida y sin un balance de los puestos de trabajo creados gracias a estas actuaciones

A un profano en el tema las siguientes palabras les resultarán chocantes: Memta, Proteja, Ola, Plemca, Surge, Motiva, Orienta, Atipe, Alpe, Utedlt, ... Todas ellas pertenecen al difuso catálogo de herramientas improvisadas por la Junta de Andalucía desde las primeras evidencias de la crisis económica para hacer frente a la grave situación de desempleo y exclusión social en la comunidad andaluza. En este periodo se ha pasado de un 17,8% de tasa de paro en 2008 a un 36% el pasado noviembre, con más de un millón de parados registrados. A finales de 2013, el balance que dejan estas actuaciones es una incógnita. Unos planes se han solapado con otros, algunos apéndices han sobrevivido al proyecto en el que nacieron y, probablemente, no hay muchos representantes de la Administración autonómica con una idea formada de los recursos vigentes.

Tampoco los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, que han servido de muletillas en estas actuaciones, conocen las evaluaciones de estos planes, es decir, el número de contratos, tipo, tiempo, empleo mantenido o creado...

Eso cuando sigue vigente un acuerdo de concertación que incluye a la patronal y cuando en marzo las tres partes firmaron un acuerdo por el empleo que iba a constituirse en el núcleo del ansiado Pacto de Andalucía que Griñán dejó inconcluso al marcharse.

Sin hoja de ruta, la Junta mantiene la inercia y sigue convocando subvenciones. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) aprobó esta semana la resolución definitiva de las ayudas para orientación y acompañamiento (el año pasado eran dos programas) por 56,5 millones. Una modificación en las bases benefició a UGT en la baremación y ha sido el propio sindicato quien ha rechazado el 47% de las ayudas, que se han repartido entre otras ONG y entidades locales que salieron inicialmente perjudicadas. La Junta no ha proporcionado la financiación definitiva ni ha explicado por qué los contratos pasan de un año a nueve meses.

El barullo en políticas de empleo en la Administración autonómica viene de lejos. Al margen del caso de los ERE que investiga la Justicia desde 2001 a 2010, las actuaciones diseñadas por la Junta durante la crisis ofrecen resultados poco satisfactorios.

El primer plan, el Memta (Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabilidad de las Personas Demandantes de Empleo) finalizó sin grandes fastos con una escueta orden publicada en el BOJA a finales de 2012. El balance final resalta el beneficio a 250.000 personas con una inversión de 100 millones. Le han sobrevivido ayudas que se mantienen vigentes a la movilidad para la consecución de un empleo, para tutorías en empresas o para colaboración social (contratos locales y ONG).

Durante 2009 y 2010 la Junta activó el plan Proteja (Programa de Transición al Empleo), un complemento al Plan E del Gobierno que ofreció contratos, básicamente, a parados de la construcción. Concluyó con 150.000 demandantes y una inversión en dos años de 446 millones.

Al Memta le sucedió el plan Proyecta que, tras las promesas de Griñán en el debate del Estado de la Comunidad en 2010, se conoció por los planes para jóvenes Motiva y para parados de larga duración Plus 45. A pesar de la campaña publicitaria previa, los planes se aprobaron sin ruido en la campaña de las municipales de 2011. Entre las medidas destacaron las becas de 400 euros para respaldar la asistencia a cursos de jóvenes con especiales dificultades de inserción. Se habló de 150.000 jóvenes andaluces de entre 18 y 29 años beneficiados.

Sobre jóvenes e inclusión social se han sucedido medidas, la mayoría relacionadas con la formación (Becas 6000 o Segunda Oportunidad). Para la inclusión social nacieron planes como el Surge. Otros colectivos con necesidades, como los discapacitados, tienen planes sectoriales.

Al Proyecta le sucede tras las elecciones autonómicas un plan de choque con obras en colegios, empleo verde y rehabilitación de viviendas. Aprobado en julio, aún no se conocen sus resultados.

A principios de este año y tras conocerse los datos de la EPA, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, presiona con la necesidad de otro paquete de medidas y el Consejo de Gobierno improvisa en febrero 21 medidas.

Entre ellas, se prorroga el primer plan de choque para 2014, se refuerza el personal del SAE y se crea un bono mochila de 400 euros para que 3.787 jóvenes beneficiarios acudan con él a las empresas. La Junta estudia prorrogar el plazo hasta marzo para los que no hayan conseguido aún un contrato.

En este paquete se incluyó el Plan de Exclusión Social con 60 millones para hacer contratos en los ayuntamientos, reforzar la ayuda a domicilio o dar tres comidas a escolares, que continúa vigente.

Con estos planes coyunturales han convivido planes locales, como el Plan Especial de Empleo para la Provincia de Cádiz (Plemca) y otras herramientas. Por ejemplo, las Atipe.

La Junta incentivó ayudas para contratación indefinida o conversión de contrato temporal e indefinido en nueve zonas preferentes (Atipe). Sin embargo, según una respuesta parlamentaria, de las 6.201 solicitudes recibidas hasta el fin del programa el pasado año sólo prosperaron 752, por un importe de 5,6 millones.

En el plano local la reforma del sector público extinguió las 95 Unidades de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt). Se fueron al paro 728 agentes locales de Empleo (Alpes), que ahora la Justicia podría obligar a reintegrar. Sería otro quebradero de cabeza para la Junta que, en materia de empleo, sólo parece progresar en la creación de neologismos.

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