La Junta avanzó ayer en su ofensiva contra el Gobierno central anunciando que estudia presentar un recurso de insconstitucionalidad a su decreto de recortes. Aunque es una práctica que se extiende a todos los decretos para analizar si la letra pequeña esconde algún perjuicio para Andalucía y, si es así, buscar mecanismos de defensa, lo cierto es que este anuncio tiene mayor peso al producirse a menos de 24 horas de la advertencia lanzada por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, de que utilizará todos los recursos legales y constitucionales "contra todo aquello que desborde los márgenes de la Constitución". Un aviso que se contextualiza en lo que desde la Junta se ve en términos de "ataque" por asfixia financiera, como así sucedió en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Sobre los elementos que empujan a a la Junta a acudir en este caso al TC, están las "duplicidades" que, según la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo (que ayer se reunió con UGT y CCOO), podría haber entre los tijeretazos ordenados desde La Moncloa y el decreto-ley que recoge el plan de ajuste de Andalucía. Este solapamiento, por ejemplo, es el que se ha visto en la supresión de las pagas extra a los empleados públicos. Después de que el Gobierno de la nación haya ordenado la supresión de la de Navidad, la Junta ha decidido marcha atrás a la eliminación de la julio que había programado para cuadrar los 747 millones que se iban a recortar al personal de la Administración del total de 2.500 a recortar del Presupuesto andaluz de 2012.

Pero pueden darse otros elementos que se pisen, de ahí que Hacienda esté estudiando todos los recovecos del decreto del Gobierno para recurrirlo y también para cambiar el suyo, y lo está haciendo en paralelo al diálogo con los sindicatos.

En este contexto, el Ministerio de Hacienda ha vuelto a poner en el punto de mira a la Junta. Tal y como confirmó ayer la consejera Martínez Aguayo, el departamento de Montoro ha solicitado "nuevos datos" sobre el estado de las cuentas andaluzas , y aseguró que estos se ofrecerán mediante la fórmula que "quieran".

"Somos absolutamente transparentes con nuestras cuentas, y lo hemos sido siempre", recalcó, tras criticar, una vez más, la actitud del Gobierno por sembrar "sospechas" sobre Andalucía.

Según Aguayo, en el Ministerio de Hacienda tendrían que explicar esa actitud, al ser una comunidad que "tiene un endeudamiento muy por debajo de la media y que es la que más claramente se ha comprometido con la estabilidad".

La consejera lamentó, además, la "injusticia" que supone para Andalucía la imposición de los objetivos de déficit (1,5%), al considerar que sitúa el foco de forma "inadecuada" en las comunidades, mientras la Administración del Estado "con un déficit muy superior al de las comunidades se sitúe con un objetivo mucho más laxo (4,5%)". "Nos parece profundamente injusto", sentenció.