La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montoro, convocó ayer una rueda de prensa para explicar la "asfixia económica" que supondrá para las comunidades autónomas la nueva reducción de los presupuestos estatales para la dependencia.

Montero puso sobre la mesa el recorte, que se concreta en 89 millones de euros menos este año para financiar el sistema de atención a personas dependientes (ascenderá a 125 millones en 2013) y criticó la "deslealtad del Gobierno", que habría trabajado al margen de las autonomías.

Aunque Montero no concretó cómo repercutirán las medidas que llevará a cabo la Junta en la mejora de esta situación, aseguró que se están estudiando acciones legales contra el decreto de referencia, debido a que el Ejecutivo central "escondió a drede" temas en la última reunión del Consejo Territotial de Dependencia. Asímismo, afirmó que la Consejería se reunirá "a la mayor brevedad" con ayuntamientos y trabajadores sociales para analizar y consesuar soluciones, ya que tendrán que reorganizar el modelo para adaptarlo las nuevas exigencias del Estado. Ante este panorama, la titular de Salud quiso mandar un mensaje de tranquilidad y recalcó que aunque habrá una ralentización, la Junta cumplirá "sí o sí con el objetivo del déficit" y con las necesidades de la población.

Montero tampoco aventuró el impacto en términos de empleo que supondrá la reducción de financiación hacia las personas dependientes.