La Junta de Andalucía ya es titular de los 70 edificios vendidos en 2014 a la empresa Inversiones Holmes (filial del fondo de inversión WP Carey) por el anterior gobierno socialista y que ha recomprado por 328 millones para generar un ahorro en alquiler de al menos 35,6 millones, que es lo que se ha pagado en el alquiler de estos edificios en 2023.

"Esta operación supone la eliminación de una sola vez del 60% del coste de los alquileres anuales que ha venido pagando la Junta de Andalucía hasta el pasado año", ha asegurado en un comunicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

Tras el acuerdo al que llegaron la Consejería de Economía con la propietaria el pasado mes de octubre, se ha firmado en una notaría de Sevilla la operación de recompra de los edificios, en los que trabajan unos 8.600 empleados públicos de la Junta de Andalucía, y por la que en 2014 el gobierno socialista de la Junta recibió 300 millones y se comprometió a realquilarlos por un periodo inicial de 20 años. "La Junta vendió los edificios por 300 millones y se obligó a pagar al comprador en 20 años al menos 707,8 millones. Casi dos veces y media lo que había recibido por vender los edificios. Y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría los 40 millones de euros cada año", ha denunciado.

Este acuerdo pone fin a una operación "ruinosa para los intereses de Andalucía, al despatrimonializar a la administración autonómica y generar una deuda de por vida", según la consejera, que ha destacado que en una década se habría pagado bastante más por los alquileres de lo que se va a pagar por la compra.

Entre los edificios que han sido objeto de la operación se encuentran algunos muy significativos, como los que comparten diversas delegaciones territoriales en varias provincias andaluzas (Málaga, Jaén o Córdoba, por ejemplo), o las sedes centrales de las consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Salud y Consumo, en Sevilla. Hay oficinas de empleo, conservatorios o delegaciones territoriales.

La compra de estos edificios por parte de la Junta de Andalucía, que ha abonado por ellos 327.284.000 euros (más 1 millón más que se entregó en la firma del contrato privado), forma parte del Plan Estratégico de Sedes Administrativas de la Junta de Andalucía, que está diseñando la Dirección General de Patrimonio.