Ni conocía cómo se daban las ayudas a los prejubilados de los ERE ni tuvo conocimiento de los numerosos reparos de la Intervención que alertaban sobre las presuntas irregularidades en el procedimiento de concesión. Así se ha expresado la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez en su declaración en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. La ex consejera ha defendido en su intervención que hubo control de las ayudas y así se ha referido a la "fiscalización previa" de las transferencias de financiación cuando los recursos llegan a la empresa pública (IFA/IDEA), mientras que el pago estaba sometido a Control Financiero Permanente (CFP).

La ex ministra, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ha afirmado al inicio de su comparecencia que no ratifica las dos declaraciones que prestó en el año 2013 ante la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la juez Mercedes Alaya, porque, según ha explicado esas declaraciones “no recogen con fidelidad sus declaraciones” ni “muchas cosas” de las que declaró.

La ex consejera, que estuvo en la Junta entre 1994 y 2004 y actualmente está en excedencia de su plaza como inspectora de Hacienda, ha asegurado a preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga –ha anunciado que sólo responderá a la Fiscalía, al tribunal y a su defensa, pero no al resto de las acusaciones populares y defensas-, que no tenía conocimiento de la normativa ni del procedimiento que se utilizaba para el pago de las prejubilaciones y ha añadido que este asunto “no se discutió en el Consejo de Gobierno”.

Vallejo, frente a la puerta de los juzgados.

Álvarez ha señalado que tampoco tuviera conocimiento de los problemas surgidos con el pago de las ayudas de Hijos de Andrés Molina. “Había temas muy delicados, estamos en una situación de recesión económica y problemas de desempleo importantes”, pero esos asunto no eran competencia de su Consejería ni recuerda que se trataran dichos problemas en el Consejo de Gobierno.

En una declaración que por momentos ha resultado muy técnica, la ex ministra ha negado que en los diez años en los que estuvo en la Consejería de Economía y Hacienda tuviera conocimiento de ningún reparo por parte de la Intervención. La ex consejera ha señalado que los reparos se trabajaban entre la Consejería afectada y la intervención delegada y cuando no llegaban a un acuerdo, se elevaba la cuestión a la Intervención General de la Junta y si tampoco había acuerdo, llegaba al Consejo de Gobierno. “En los diez años que fui consejera no llegó ningún reparo al Consejo de Gobierno y por tanto tampoco a la Consejería de Economía”, ha aseverado la ex alto cargo, que ha insistido en que “nunca” le llegó ningún reparo de ningún tipo.

Así, ha explicado que la normativa de las ayudas se gestionaba en la Consejería de Empleo e incluía desde el decreto 9/99 de Control Financiero Permanente hasta la ley estatal de Subvenciones, las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1995, y en todas las leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma andaluza.

En cualquier caso, Magdalena Álvarez ha afirmado que desde Empleo no se le planteó nunca una regulación específica y ha negado que conociera el convenio marco de 17 de julio de 2001 por el que se otorgaban las ayudas. “No tenía ningún conocimiento de la firma del convenio”, ni tampoco de los convenios particulares que la dirección general de Trabajo y el IFA/IDEA suscribían para el pago concreto de las ayudas, ha añadido.

El "error" de los peritos

Sobre las transferencias de financiación, Magdalena Álvarez ha dicho que “el error” que cometen los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que han elaborado el informe pericial oficial para esta causa, consiste en que sostienen que las transferencias sólo pueden utilizarse para cubrir las pérdidas de las cuentas de explotación pero no para el pago de las subvenciones.

La ex consejera ha añadido que las transferencias tienen su “propio expediente de fiscalización” y ha destacado que al viceconsejero de Hacienda sólo le llegaba el “extracto, un resumen del expediente”, mientras que el director general de Presupuestos es el que daba fe de la correspondencia entre el extracto y el expediente. La acusada ha reconocido que la intervención concreta del IFA no se puede conocer en esos extractos, dado que es algo que corresponde al órgano gestor, en este caso la consejería de Empleo. 

"No sé de dónde han podido sacar que ese crédito iba para pérdidas y ganancias. Esa cuantía va al IFA en materia de Relaciones Laborales", ha precisado.

La Fiscalía Anticorrupción también ha preguntado a la ex consejera sobre la elaboración de los presupuestos de la Junta, que Magdalena Álvarez ha desgranado con todo detalle técnico en sus cuatro partes –estado de ingresos, estado de gatos, texto articulado y documentación anexa-, y ha afirmado que no tuvo “ninguna duda” sobre la partida 31L de Relaciones Laborales, conocida popularmente como el fondo de reptiles.

La ex consejera ha insistido en que su responsabilidad con los presupuestos se circunscribía a la fase “prelegislativa”, pero “nada” de lo que era la ejecución de los mismos entraba en sus competencias. “En mi época no sabía el contenido concreto de la partida 31L”, porque no tenía “nada que ver con la ejecución y propuesta de la 31L”.

Cuando el fiscal le ha preguntado por el control de las ayudas, Magdalena Álvarez ha dicho que “tenía que haber una fiscalización y un procedimiento. Lo que hubo no lo puedo saber porque mi competencia llega a la fase prelegislativa”.

La ex consejera ha concluido que “había un procedimiento reglado” y una fiscalización. “Mi opinión y la del Consejo Consultivo es que tenía que haber procedimiento y fiscalización, y la ley de presupuestos de todos los años en los que he sido responsable, lo pone”, ha manifestado Magdalena Álvarez, que ha indicado asimismo que “no sabía” que las ayudas las concedía el director general de Trabajo y principal imputado Javier Guerrero.

En este sentido, ha defendido que hubo "fiscalización previa" de las transferencias de financiación cuando los recursos llegan desde la Consejería de Empleo al IFA/IDEA, mientras que el pago de las mismas estaba sometido a Control Financiero Permanente (CFP).

Sobre las modificaciones presupuestarias, ha explicado que es un proceso "muy tasado y en el que no hay ninguna discrecionalidad", además de que todas las modificaciones llevaban el "informe favorable de la Intervención general de la Junta", a lo que ha añadido que su Consejería no tenía ninguna capacidad de veto sobre dichas modificaciones. Así, ha indicado que había una media de 4.000 modificaciones presupuestarias al año, con lo que en el periodo en el que estuvo como consejera se superaron las 40.000 modificaciones presupuestarias en diez años.

La ex consejera también ha dicho, respecto a la tesis de las acusaciones de que se creó un procedimiento específico para conceder las ayudas que eludía la fiscalización previa, que en el año 2000 "no se crea nada, ni la partida 31L. Ese año no pasa nada absolutamente para considerar que es el origen de algo".

Magdalena Álvarez ha finalizado su intervención, a preguntas de su defensa, poniendo de manifiesto que el Parlamento "conocía perfectamente las partidas 440 y 31L, porque los parlamentarios presentaban documentación pidiendo que se modificaran estas partidas en el presupuesto" de la Junta y además los parlamentarios disponían de la Oficina de Control Presupuestario, de las comisiones y de las preguntas para conocer el uso de esos fondos.

Por último, la ex ministra ha dicho que "nunca" se ha reunido con el interventor general de la Junta, el también procesado Manuel Gómez, para hablar de asuntos de trabajo, y también ha negado que participara en ningún consejo rector del IFA.